La Corte Suprema le dio al gobierno nacional el mejor fallo que estaba en condiciones de dictar sobre el tarifazo del gas. No es el fallo que los jueces habrían querido firmar en un escenario ideal, una prueba de laboratorio, un marco teórico desvinculado de una realidad compleja como la que afecta a los servicios públicos.

Tampoco es el fallo que esperaba el gobierno. Parece haber un (otro) divorcio entre lo reclamado y lo real. También la actual administración disfrutaría de una escribanía en el Congreso y la Justicia.

En el trazo grueso, los votos de los jueces (Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco en una redacción común; Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, cada uno por sus fundamentos) coinciden en el criterio general. Y marcan el camino que el gobierno deberá seguir a futuro.

¿El fallo es negativo para el gobierno? Ni remotamente. Si en una negociación salarial el empleado le pide al jefe de personal 100 pesos de aumento, recibe como primera respuesta «cero» pero luego el dueño de la empresa –el que en definitiva decide- otorga un incremento de 75 pesos, ¿el empleado ganó o perdió? Además, rápidamente podrá recuperar los 25 pesos que le faltaron.

Asoman matices en el horizonte de la propia Corte. Rosatti quiere fijar criterios y, de hecho, en sus propios fundamentos, incluyó consideraciones sobre la «gradualidad» del aumento de tarifas: «No se vincula necesariamente con porcentajes (aumentar diez veces el valor de un peso no tiene el mismo significado que aumentar dos veces el valor de mil) sino con la ponderación de los montos fijados en concepto de tarifa en función de la capacidad de pago de los usuarios. En materia de servicios públicos no es admisible desvincular el ‘costo global de la prestación’ de la ‘capacidad de pago de los usuarios'».

También escribió un párrafo que, extrapolado de la redacción, podría aplicarse a otros casos candentes. «La decisión de las actuales autoridades de disminuir los subsidios y remplazarlos por el incremento tarifario no puede ser discutida por este Tribunal pues se trata de una cuestión de naturaleza política económica, salvo que en su concreción -o sea como consecuencia de ella- se vulneren esencialmente derechos constitucionales.» ¿Podría remplazarse «subsidios» por «dólar futuro»?

«Rosatti escribe mucho porque es nuevo. Los otros jueces vienen diciendo cosas desde hace largo tiempo, pero este es su primer fallo importante», se escuchó en el cuarto piso de Tribunales el jueves pasado, tras la decisión sobre el tarifazo.

¿Pueden los nuevos jueces (Rosatti, y Carlos Rosenkrantz, quien asumirá el martes próximo y cuya postura, acaso como prejuicio, se anticipa cercana al gobierno) ampliar o incluso modificar criterios de la Corte? Lorenzetti pareció molesto en el último acuerdo con los jueces de la Cámara Federal de La Plata porque se apartaron de la doctrina de la Corte, sobre todo en materia de «acción de clase».

En ese escenario se le escuchó decir: «Cuando la Corte dice algo es para que los jueces de otras instancias lo sigan. Los fallos de la Corte están para leerlos. Y esto tienen que saberlo todos los jueces».