El fiscal Emiliano Buscaglia de la UFI N°5 de Moreno siguió sumando casos de amenazas al expediente por el secuestro y torturas a la docente del CEC N°801 Corina De Bonis que van desde mensajes intimidatorios realizados en plena calle hasta presiones policiales y llamados telefónicos a estudiantes secundarios de la UES. En medio del escándalo, el gobierno de María Eugenia Vidal reaccionó y conformó con docentes y la comunidad educativa del distrito un Comité de Crisis para encontrar los caminos para que las 285 escuelas del municipio puedan volver a clases después de 40 días. Allí anunciaron que a partir del miércoles se retomará el sistema alimentario con viandas para que los alumnos se lleven a su casa.

El fiscal sumó nuevos casos de intimidaciones que por pedido de los abogados de Suteba, Elizabeth Gómez Alcorta y Pablo Vicente, se unificaron en el expediente que–con el apoyo de la UFIN°1 de delitos complejos- investiga el secuestro a De Bonis. El último episodio ocurrió el sábado cuando una madre que participa de la olla del CEC 801 fue increpada en plena calle por un vecino. “Es una mamá del CEC 801 que también es docente en  un instituto que recibió una amenaza de un vecino del barrio que le hizo señas de que le iban a cortar el cuello”, contó la secretaria de actas de Suteba, María Reigada. Esa amenaza fue denunciada el mismo sábado.

Pero este lunes ese expediente siguió creciendo: “Hoy se estuvieron haciendo nuevas presentaciones por amenazas, entre otras, a jóvenes de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios) que recibieron presiones de efectivos de la policía local”, contó la secretaria general de Suteba Moreno, Mariana Cattaneo.

En la fiscalía, los adolescentes también denunciaron intimidaciones recibidas de forma telefónica. “Los teléfonos desde los que se hacen los llamados se repiten, pero cuando devuelven los llamados dice que los números no existen”, detalló Cattaneo.

Lo que unifica a las amenazas es que solo se produjeron en Moreno -con la excepción de la que recibió una docente de Ramallo, el domingo- y todas están relacionadas con las ollas populares que comenzaron a funcionar en las escuelas del municipio, luego de la explosión en la escuela N°49 en la que murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez.

También podés leer: La maestra secuestrada va a la Justicia y denuncia otros 25 casos de amenazas en Moreno

Reigada advirtió que no saben si las amenazas están relacionadas con el sistema de provisión de alimentos del Sistema Alimentario Escolar (SAE). “No estamos apuntando a los comedores, lo que estamos diciendo es que hay dos compañeros muertos por una pérdida de gas y que cuando el resto de las escuelas revisó el estado de los edificios encontraron graves problemas. Hasta el día de hoy no hubo un proyecto del gobierno para resolver el problema de infraestructura y volver a clases”, detalló.

En el Comité de Crisis lo único que el gobierno provincial confirmó es que el miércoles vuelve el SAE al distrito. Se lo confirmaron a Cattaneo: “Van a mandar viandas para que los chicos se lleven a la casa”, explicó. “Todo es tardío”, reflexionó. La primera respuesta llegó 40 días después de la muerte de Sandra y Rubén.  

Comité de Crisis

El secuestro de Corina y la andanada de intimidaciones en torno a las ollas populares obligaron al gobierno de María Eugenia Vidal a reaccionar y este lunes también se conformó el comité de crisis escolar junto con representación de gremios, docentes, de la comunidad educativa de organizaciones sociales y con los familiares de Sandra y Rubén como veedores.

El encentro duró ocho horas. Fue el primer paso para intentar resolver los problemas de infraestructura. Los docentes exigen el cumplimiento de un programa de 12 puntos que garantice la seguridad de infraestructura. Volverán a reunirse el jueves.

“Se va a implementar un plan de infraestructura que nos permita (a la comunidad educativa) hacer un seguimiento de las obras que se hacen en las escuelas”, explicó Cattaneo. Además, contó que la provincia aportó información de las obras que están paralizadas, mostraron un plan de obras con información de las empresas y anunciaron que trabajan en nombramientos de inspectores de infraestructura: no hay ninguno designado para el distrito.

Uno de los puntos centrales de la discusión fue el criterio de habitabilidad para las escuelas. “Se van a volver a revisar los criterios de los 12 puntos de infraestructura de Ctera de la paritaria 2011”, explicó la secretaria general. Ese plan nació en 2005 cuando el gremio nacional firmó el Convenio «Programa Nacional de Seguridad y Riesgo en la Escuela» con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y los puntos van desde la obligación de contar con agua corriente y segura hasta “instalaciones eléctricas legalizadas con planos de aprobación”, comprobación “preventiva” y “periódica”,  pasando por una “instalación de gas legalizada, con planos de aprobación y control sistematizado de las mismas”. También obliga a que la construcción edilicia sea segura, con suficientes –y en condiciones- instalaciones sanitarias, red cloacal o pozos con mantenimiento, planes de emergencia, ventilación, etc.