Al menos 15 de las grandes empresas que acordaron con el gobierno no despedir trabajadores por tres meses tienen firmas en paraísos fiscales. La información surge de los documentos filtrados en los Panamá Papers, donde aparecen nombres reconocidos como Bagó, Blaquier, Coto, Eurnekian o Roggio y otros menos conocidos, pero con fuertes lazos con funcionarios del gobierno nacional, como el Grupo Zed o el estudio M&M Bomchil.
El lunes pasado, el gobierno logró juntar 114 empresarios en el Salón Blanco de la Casa Rosada para firmar el «Compromiso por el empleo». En un curioso documento, que arranca con un elogio al gobierno de Mauricio Macri («Ante el momento de cambio positivo que está viviendo la Argentina…»), los empresarios prometieron no reducir puestos de trabajo por 90 días y crear planes que generen empleo en el futuro.
Ese mismo día, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) abrió parcialmente al público los archivos filtrados del estudio panameño Mossack Fonseca, intermediario para la creación de cuentas y empresas en paraísos fiscales.
La mención a ambos eventos no es casual: más del 10% de los empresarios presentes en el acto aparecen vinculados a firmas offshore en Panamá, Islas Vírgenes Británicas o Bahamas. Eso sin contar al presidente y a miembros de su Gabinete, cuyos nexos con paraísos fiscales son ya conocidos.
Del total de 15 empresarios que aparecen con firmas offshore, dos llaman más la atención por su cercanía con el gobierno nacional. Félix Lacroze es uno de los funcionarios más ricos del actual gobierno, donde se desempeña como subsecretario de Coordinación Administrativa  del Ministerio de Educación. Su padre, David Lacroze, es titular del Grupo Zed, empresas de agronegocios, y participó el lunes pasado del encuentro con Macri. El joven Lacroze integra el negocio familiar y es accionista al mismo tiempo de la firma offshore Global Trade Capital SA asentada en las Islas Vírgenes Británicas desde 2004. Si bien aparece en los registros de Mossack Fonseca, el funcionario oficializó la firma en su declaración jurada.
Otra empresa cercana al gobierno es el estudio de abogados M&M Bomchil donde fue socio el actual secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones, Héctor Huichi. El estudio tiene vínculo con más de diez empresas radicadas en paraísos fiscales a través de sus asociados, como Marcelo Bombau, ex ejecutivo de Torneos y Competencias y recordado por haber sido el rostro de la defensa de la empresa frente al avance en 2011 de Fútbol para Todos, y de Máximo Bomchil (padre e hijo), quienes aparecen vinculados con otras tres sociedades.
Claudio Belocopitt, presidente de la prepaga Swiss Medical, figura en la filtración de los Panamá Papers con tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas Elyanne Business Ltd, Karima Portfolio Ltd y Pensford Business Ltd, las tres registradas durante 2015.
El apellido Blaquier se repite varias veces en los listados.  Se trata de los hijos del Carlos Pedro Blaquier, patriarca retirado de la escena luego de que consiguieran revertir un procesamiento en su contra por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Ingenio Ledesma en Jujuy. En los listados están Carlos Herminio, María Elena, Santiago e Ignacio, directivos de Derby Services, Financiere Translemanique y Dunmoore Trading. El reconocido supermercadista Alfredo Coto creó en 2012 la firma Leopold Company a través del estudio uruguayo JP Damiani & Asociados. Los hermanos Juan Pablo y Sebastián Bagó, herederos de Laboratorios Bagó, aparecen vinculados como directivos de la sociedad anónima Westbrand Corp con sede en Panamá. Roberto Alexander, presidente de IBM Argentina, figura como accionista de Aurora Finance Holding Ltd, junto a su esposa, Florencia Gechter. A la lista se agregan el estudio de abogados Beccar Varela, Eduardo Eurnekian, los Karagozian (TN Platex), Alejandro Roemmers (Roemmers), los hermanos Mastellone, Luis Pagani (Arcor) y Aldo Benitto Roggio.