Se arrepintió. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió finalmente no enviarle información sobre el contenido del teléfono celular y otros dispositivos de almacenamiento de Darío Nieto -el secretario privado de Mauricio Macri y hoy legislador porteño- al magistrado federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien investiga la causa por la mesa judicial bonaerense.
El 16 de febrero pasado, Martínez de Giorgi firmó un proveído en el que acusó recibo del pedido de Kreplak y advirtió que ante la cantidad de información contenida en los dispositivos de Nieto, “se requiere se especifiquen los equipos informáticos de interés para la investigación a su cargo, respecto de los cuales se solicitan copias de sus archivos”.
Martínez de Giorgi puso la lupa, entonces, en “la expresa oposición a que se dé la información reclamada por el Tribunal Oral Federal 8 y cualquiera otra sobre el contenido de lo supuestamente hallado en el celular de Darío Hugo Nieto” que había formulado su abogado defensor, Gervasio Caviglione Fraga. Pero aceptó enviarle lo requerido a su colega: “sin embargo, a pesar de ello y de que el incidente se encuentra en trámite (iniciado por el pedido nulidad solicitado por la defensa de Nieto en razón de las extracciones de información del celular que se le secuestrara en autos), tales circunstancias no se erigen en un impedimento para cumplir con lo solicitado por un Juez Federal”.
Más aún: Martínez de Giorgi se cubrió las espaldas al escribir que “en todo caso, será en la causa de trámite ante dicho Juzgado (el de La Plata, ndr) donde se analizará la admisibilidad y valor probatorio de la información requerida, ámbito en el cual las partes también podrán realizar peticiones en ese sentido”.
Cinco días más tarde, el 21 de febrero, se corrigió. “Con relación a los dispositivos secuestrados a Darío Hugo Nieto, se hace saber que ante un pedido similar efectuado por el Tribunal Oral Federal 8, los integrantes de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones del fuero resolvieron que se ‘suspenda el envío del material solicitado, hasta tanto el superior se expida en el legajo invocado’”.
Entonces, el juez que días atrás había interpretado que ese planteo de la defensa de Nieto no representaba “un impedimento para cumplir con lo solicitado por un Juez Federal”, viró y resolvió que “por resultar de aplicación a este caso lo allí resuelto, y sin perjuicio de lo ordenado por este Juzgado el pasado 16 de febrero, no resulta posible hacer lugar a lo solicitado”.
El fallo que suspendió el envío de información al Tribunal Oral Federal 8 (el mismo que sobreseyó a todos los imputados por el Memorando con Irán) tiene fecha del 21 de diciembre de 2021 y fue firmado por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, los padres de la teoría del “cuentapropismo” en el espionaje.
Es decir que Martínez de Giorgi ya conocía el 16 de febrero, cuando accedió a entregar el contenido del teléfono de Nieto, el fallo sobre el que se basó cinco días después para denegar el pedido.
Algo pasó entre el 16 y el 21 de febrero para que Martínez de Giorgi cambiara de opinión. Tal vez, sólo tal vez, la publicación en la edición dominical de Tiempo Argentino del domingo 20, en la que se reveló la secuencia temporal para el armado de causas contra el sindicalista platense Juan Pablo “Pata” Medina. Tiempo documentó, en ese contexto, que cinco días después de procesar a Medina, “el juez de Quilmes” aparecía en una anotación en el teléfono de Nieto, junto al apellido “Villegas” (¿Marcelo Villegas, el entonces ministro de Trabajo bonaerense?) y una suerte de pedido para “hablar con MM en privado”.
Tiempo publicó el domingo sobre la secuencia en la que el Pata Medina terminó procesado y preso: “Puestos los hechos en una línea de tiempo, se advierte que el 15 de junio fue la reunión; en los días posteriores los empresarios cumplieron su parte y presentaron las denuncias ante el Ministerio de Trabajo; el 31 de julio entró la denuncia anónima contra a Medina por hechos ocurridos presuntamente en La Plata; el juez de Quilmes lo advirtió, pero se quedó con la causa y le pidió a Villegas que informara si hay “actuaciones administrativas” (que no son delitos, porque si no debieron haber sido denunciados como tal); el 25 de agosto, Villegas cerró el círculo y le envió a Armella las denuncias acordadas en el Banco Provincia; el 13 de octubre, Armella procesó con prisión preventiva a Medina; cinco días más tarde, pidió entrevistarse a solas con Macri, según revela el teléfono de Nieto”.
A esa línea temporal acaso haya que agregarle nuevos hitos relacionados con el extremo celo de un sector del Poder Judicial para cuidar que el teléfono del secretario privado de Macri no sea utilizado en investigaciones sobre armado de causas y espionaje ilegal.
