Con más críticas a la Corte Suprema de la Nación, el ministro de Justicia, Martín Soria, defendió en Diputados el proyecto de ley del Ejecutivo que plantea modificaciones a la integración del Consejo de la Magistratura. Fue en el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. El rionegrino dijo que el Máximo Tribunal “se mete por la ventana” en el Consejo con el fallo judicial al que calificó de “intervención política” que atentó contra la división de poderes.
“Entendemos que el texto en revisión es inobjetable desde el punto de vista constitucional”, manifestó el funcionario, al tiempo que recordó que en su exposición del 22 de marzo pasado, en el Senado, mencionó que “faltaban apenas tres semanas para que operara el plazo, plazo impuesto lamentablemente y perentoriamente por la Corte Suprema” que “había fijado 120 días para la sanción de una nueva ley”.
Soria subrayó que ese fallo del 16 de diciembre de 2021 representó “una profunda gravedad institucional en la que el Congreso se vio obligado a legislar bajo presión”. “Hoy esta Cámara de Diputados ya no está obligada a legislar bajo presión. La Corte ha generado esté directamente trabajando en la sanción de una ley durante la flagrante intervención de la Corte en el Consejo”, sostuvo.
Soria recordó a los diputados de Juntos por el Cambio que, en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se presentó «un proyecto similar» para reformar el Consejo de la Magistratura. «Llama la atención que algunos quieran borrar con el codo lo que escribieron con la mano».
Con la oposición con una postura contraria al texto, el oficialismo deberá buscar consensos en los aliados del Interbloque Provincias Unidas y del santacruceño de SER Jorge Vidal. De todos modos, le faltará número para reunir el quórum de 129 diputados y habilitar el inicio de una sesión.
¿Qué dice el proyecto?
La iniciativa presentada el año pasado, que cuenta con media sanción del Senado, sube de 13 a 17 miembros los integrantes del Consejo de la Magistratura. Estos lugares serán repartidos de la siguiente manera: 6 legisladores (3 diputados y 3 senadores) y no será obligatorio que sean abogados. Habrá 4 jueces y 4 abogados, elegidos por regiones: Amba, Norte, Centro y Sur; 1 representante del Poder Ejecutivo y 2 del estrato académico.
El texto remarca que se respetará la paridad de género y que los cargos durarán cuatro años con la posibilidad de una reelección.
Respecto a su funcionamiento, la iniciativa establece que tendrá al menos una reunión por trimestre en alguna de las cuatro regiones definidas. El quórum será con nueve miembros y las decisiones por la mayoría absoluta de los presentes. Además, por pedido del senador rionegrino Alberto Weretilneck –enemistado con Soria- se sumó una comisión de “Asuntos Federales” con cuatro representantes por región.