La jueza federal María Servini quedó a cargo de dos causas judiciales que investigan el patrimonio del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, y su esposa y empleada del Consejo de la Magistratura local, Mónica Nancy Peralta. En rigor, se trata de una denuncia formulada en mayo pasado por el titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera, y una autodenuncia del propio Ocampo, quien aspiraba a que fuera otro juez el que llevara la investigación. ¿De qué lo acusó Vera? Básicamente, de los supuestos delitos de “enriquecimiento ilícito y lavado de activos”.

Propiedades en la Argentina y Uruguay, compra de bonos y acciones y participaciones en empresas en las que aparece asociado con el presidente de Boca Juniors y trajinador de los pasillos judiciales Daniel Angelici aparecen en el centro de la denuncia.

A mediados de año, Vera anunció en el periódico Perfil y concretó en tribunales la denuncia contra Ocampo. La causa recayó en Servini, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. Hasta hoy no hay mucho movimiento; tanto es así, que el expediente ni siquiera está registrado en el Observatorio de la Corrupción, que publica la página del Centro de Información Judicial (CIJ) en internet.

Cuando supo de la presentación de Vera, Ocampo se autodenunció, pero no lo hizo en tribunales sino en la Comisaría 33, que estaba de turno con el fuero penal ordinario (no el federal) con un juzgado subrogado por Roberto Ponce, el juez que sobreseyó al periodista deportivo Fernando Niembro y luego la Cámara reabrió el expediente.

La fiscalía impulsó la investigación y pidió múltiples medidas de prueba, pero el juez Ponce se declaró incompetente porque podría existir lavado de activos. Y le mandó todo a Servini. Ocampo apeló.

Ahora, en un fallo dividido, los jueces Mauro Divito y Juan Cicciaro dijeron: “Servini”. El fallo sostiene que “no es posible descartar la eventual aplicación de las disposiciones penales incorporadas al ordenamiento de fondo por la ley 26.683”, contra el lavado.
Entre 2007 y la actualidad Ocampo fue legislador porteño, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y ministro de Justicia y Seguridad porteño. Según la denuncia de Vera, el matrimonio Ocampo adquirió entre 2013 y 2014 “inmuebles por un valor de 1 millón de pesos, entre casas -una en el barrio de Belgrano-, terrenos -uno en la localidad balnearia de Ostende- y otra casa en Pinamar de la que es dueño un 30 por ciento”. Además, tres terrenos de 500 metros cuadrados en Uruguay (dos comprados en 1999 y el otro en 2007) y acreencias varias con empresas cuya conformación y operaciones están bajo investigación. “Las empresas que deben dinero al ministro Martín Ocampo tienen vínculos directos con empleados del gobierno porteño y personas vinculadas al empresario del juego Daniel Angelici”.

Ocampo y Angelici, siempre según la denuncia de Vera, “son socios en la empresa Cronopios S.A. que fija domicilio frente a la Legislatura porteña, sobre la peatonal Perú 79. En esta misma dirección tiene registrada tres empresas el ministro”.

“Los deudores de Ocampo van desde una financiera que le debe 234 mil pesos hasta una constructora que a su vez es inmobiliaria y financiera, que le debe 180 mil pesos. Tienen un solo empleado registrado”, explica el texto.