María Migliore lleva ocho meses al frente de la cartera social que resideñó Horacio Rodríguez Larreta para su segundo mandato como jefe porteño. Con sus 35 años, ya acumula cuatro dentro de la gestión del PRO. Antes fue gerenta general del Instituto de la Vivienda. Ahora tiene en sus manos la política habitacional y de asistencia social. Son dos frentes muy calientes y conflictivos de la administración larretista. La crisis sanitaria «visibilizó una desigualdad estructural», sostiene Migliore, en diálogo con Tiempo Argentino. Viene de una semana agitada: tuvo que intervenir en el barrio de Soldati para reanudar el plan Detectar que fue suspendido forzozamente por el tiroteo de un grupo de punteros del PRO. Y en la villa 21-24 de Barracas sumó más de siete días sin luz, en medio de uno de los inviernos más duros de los últimos años, que azotó a más de 40 mil vecinos con poco acceso al gas natural.

En diálogo con este diario, Migliore dijo que no descarta la posibilidad de que las trabajadoras de comedores populares reciban una ayuda económica mensual, aunque las organizaciones sociales denuncian que la respuesta ha sido negativa, luego de un duro conflicto por la muerte por Covid de dos de sus militantes. Tras el anuncio de la flexibilización de la cuarentena, la politóloga egresada de la UCA confirma que los planes de urbanización continuarán, pero toma una sutil distancia de la decisión del oficialismo porteño de dejar afuera a la oposición del Consejo de Planeamiento Urbano, que será clave en la pospandemia.

–¿Cómo será la flexibilización de los comercios en los barrios populares, teniendo en cuenta las dificultades de los vecinos para cumplir el aislamiento?

–Los acompañamos para que saquen los protocolos correspondientes. También cambiaremos las dinámicas para las mujeres que cocinan. Los comercios esenciales, como los almacenes, van a seguir con la conciencia de protocolizar sus actividades lo máximo posible.

–Las organizaciones sociales aseguran que el gobierno porteño se niega a un reconocimiento económico a las trabajadoras de los comedores populares, a pesar de que ya fallecieron dos por contagios, ¿por qué?

–Es un tema que hay que analizar. Ellas han cumplido un rol fundamental en esta pandemia, en los roles de cuidado, de manera silenciosa. Es un tema que hay que pensar y ver cómo seguimos. En su gran mayoría son trabajos ejercidos por mujeres que hay que cuidar. No hemos dicho que no.

–¿Tomaron la decisión de un reconocimiento al trabajo de esas mujeres?

–Nosotros tenemos que ver el acompañamiento estructural. Triplicamos la asistencia alimentaria y ahora estamos pensando en una salida sobre cómo va a ser la reactivación económica en los barrios populares. Vamos a fortalecer la economía popular.

–El ministro de Salud Fernán Quirós dice que estamos en el pico de la pandemia. Es un invierno muy frío. Hace más de una semana que no hay luz en la villa 21-24 de Barracas y crecen los riesgos de incremento de enfermedades respiratorias…

–La pandemia visibilizó una desigualdad estructural. Hemos mudado a más de 200 familias del Camino de Sirga con un protocolo específico, pero es verdad que hubo fallas en las tres cajas transformadoras del barrio. Estamos trabajando con la empresa Edesur, realizando tareas de mantenimiento. Ya no tenemos ningún sector con falta de suministro eléctrico.

–¿Puede asegurar que se terminaron los cortes de luz en el corto plazo?

–No podemos asegurar que se terminaron los cortes de luz en la villa 21-24. Estamos trabajando con nuestras cuadrillas. Sabemos de los reclamos. Regularizar el suministro tiene que ver con resolver las obras estructurales.

–Hubo muchas críticas sobre el rol de Diego Fernández al frente de la urbanización de la villa 31. Es un tema que fue tapado por los resultados del plan Detectar y la pandemia, pero sigue ahí.

–Creo que lo que hay que mirar son los avances objetivos. Se han construido más de 1260 viviendas en ese barrio. Se mudó el Ministerio de Educación. Hemos avanzado con obras de infraestructura. Es muy significativo cómo el barrio viene siendo transformado.

–Los vecinos denuncian que el agua llegó primero al ministerio y luego al barrio.

–No es así. Para intervenir en estos barrios hay que hacer los troncales. La obra estaba en curso en los plazos y sucedió la pandemia. El acueducto de la red troncal de agua para la zona fue concluida en octubre de 2019 y la red la finalizamos en junio pasado. Ahora estamos iniciando las conexiones domiciliarias.

–En Soldati se suspendió el operativo Detectar porque hubo un tiroteo protagonizado por punteros del PRO. ¿Qué sucedió?

–Fue una discusión entre referentes barriales y barrabravas delante del operativo, que es implementado en la Escuela 18. Este conflicto terminó desencadenando una disputa territorial con armas de fuego que se desarrolló a 300 metros del operativo. Hubo tres heridos de bala. En el barrio intervino la Policía de la Ciudad y el caso ya se encuentra judicializado. Retomamos el operativo asegurando que estuviera todo en condiciones para poder seguir adelante con nuestra prioridad y que se pueda testear.

–¿Van a cambiar los planes de urbanización?

–Los vamos a continuar porque con la pandemia se ralentizaron. Seguiremos con el diálogo con los vecinos. Falta la villa 20, en Fraga. Hay que repensar la dinámica en general. El virus se ha comprobado que tiene menor contagiosidad en las áreas de aire libre, vamos a aprovechar los espacios comunes en los barrios.

–Esta semana el oficialismo dejó a la oposición afuera del Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental. ¿Cuál es su explicación?

–Todo lo que venimos haciendo siempre es con diálogo con los vecinos y las organizaciones. Creemos en la participación y que ellos son los protagonistas porque estamos reivindicando sus luchas históricas.

–¿No le parece una contradicción con esa definición excluir a la oposición del organismo que va a planificar los cambios urbanísticos?

–Le hablo desde donde yo trabajo. No estoy en el detalle. Lo importante es ver el espíritu donde tenemos que seguir construyendo.  «