Si bien se espera un clima menos efusivo y de bajo perfil por la limitación de legisladores e invitados que van a poder escuchar de manera presencial el discurso del presidente Alberto Fernández en el recinto -donde las bancas estarán distribuidas entre 25 senadores y 65 diputados y el resto se deberá conectar de manera remota- los espacios opositores de ambas cámaras llevarán sus distintos reclamos al gobierno nacional. El principal estará centrado en el plan de vacunación contra el COVID 19, luego del escándalo de las vacunas VIP que provocó la salida del Ministerio de Salud de Ginés González García. 

Un primer paso se produjo este sábado, con la movilización opositora en Plaza de Mayo y algunos centros urbanos del país, de la que participaron varios de los referentes del ala dura de Cambiemos. Patricia Bullrich, Mario Negri y Martín Lousteau en la Ciudad de Buenos Aires, Alfredo Cornejo en Mendoza, entre otros. El tema de las vacunas sacó del letargo a la militancia cambiemita que hacía rato había perdido la iniciativa en la calle.

En un año marcado no sólo por la pandemia sino por las elecciones legislativas, Juntos por el Cambio viene capitalizando los errores del gobierno para su campaña política. El interbloque compuesto por radicales, lilitos y macristas afronta el desafío de repetir la buena elección de 2017 y  no perder las bancas logradas aquel año, particularmente en la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos no tiene mayoría propia, situación que le ha servido a JXC para ejercer peso en todas las negociaciones. Por el momento, en el interbloque no se definió si esperarán al mandatario con carteles en sus bancas: “Eso es propio de ellos”, dijo a Tiempo un diputado radical.

Los legisladores más duros esperan explicaciones “claras y coherentes” del presidente sobre la gestión de las vacunas que lleva adelante el Ministerio de Salud. En la antesala del 1 de marzo ya lo adelantaron, y en una conferencia de prensa, la conducción de Juntos por el Cambio presentó el miércoles proyectos de ley vinculados a garantizar “la transparencia y la trazabilidad del plan de vacunación”. Entre ellos, se incluye la creación de un Registro Nacional en el que deberán figurar todos los datos sobre las dosis aplicadas y un pedido a la Auditoría General de la Nación para que haga un análisis exhaustivo sobre la vacunación y los contratos firmados por el Estado para comprar la Sputnik V y la de Oxford-AstraZeneca. Así como también, la creación de una Comisión Bicameral en el Congreso de seguimiento del plan de vacunación y el pedido de interpelación a Vizzotti y Cafiero.

Algunos de esos reclamos perdieron peso al calor de los anuncios sobre el monitoreo nacional de vacunación y el nuevo protocolo de aplicación a personal estratégico anunciado por la ministra esta semana.

Justamente Vizzotti y Cafiero son los dos funcionarios que no concurrirán a la Asamblea Legislativa, ya que la ministra fue confirmada con COVID positivo y el jefe de Gabinete debió aislarse por ser contacto estrecho suyo.

 Las definiciones sobre el calendario electoral son esperadas por todos espacios  políticos. Subsisten las diferencias dentro de los bloques acerca de si las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) deben suspenderse o postergarse por única vez en este año donde todavía no está vacunada la totalidad de la población. Hasta ahora, las divisiones parecen encaminadas a zanjarse con el corrimiento de la fecha de las PASO que por ley deberían realizarse en el mes de agosto. El camino parece ir en que se realicen más cerca de las generales que son en el mes de octubre, con la expectativa de que ya para esa fecha la situación sanitaria esté bajo control.

Otro de los reclamos que estará presente será el pedido de la prórroga hasta 2024 del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible, que vence en el mes de mayo. En este punto, se vienen haciendo escuchar los diputados del Interbloque Federal que concentra a representantes de provincias productoras: Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires. 

La iniciativa, que fue aprobada el año pasado en el Senado, quedó pendiente en la Cámara de Diputados, donde el propio presidente del cuerpo legislativo, Sergio Massa, prometió que se iba a tratar en el período de sesiones extraordinarias. Sin embargo, en el temario de proyectos que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió abordar en el verano, no fue incluida, lo que generó malestar con los diputados y representantes del sector que piden al Ejecutivo seguridad jurídica. El gobierno estaría barajando la posibilidad de extender la norma por decreto, mientras que en el Parlamento insisten en que tiene que ser debatida en la Cámara de Diputados y no permitir influencia de los intereses petroleros que vienen retrasando la sanción de la ley.  «