Antes de finalizar el año parlamentario 2022, diputadas y diputados nacionales del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley con el objetivo de excluir a Gerardo Milman de la Cámara de Diputados por «inhabilidad moral», de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional. Mara Brawer es la legisladora que impulsa la iniciativa y, en diálogo con Tiempo, explicó porqué es importante avanzar con esa medida. 

–¿Cómo surge el pedido de expulsión del diputado del PRO Gerardo Milman? 

-Es una combinación de cuestiones, porque primero ocurrió la denuncia de la persona que escuchó a Milman decir que cuando se produjera el atentado a Cristina él iba a estar en la Costa. A partir de ahí empezaron a surgir un montón de irregularidades. Por un lado, la sospechosa presentación que hizo, en el que pide información sobre la custodia de Cristina y adelanta de alguna manera la posibilidad de un atentado. A eso le sumás que sus asesoras dijeron que no estuvieron en Casa Blanca, cuando sí lo hicieron. Encima, cuando la justicia pide sus celulares, los vacían. Ninguna persona, ante una causa de intento de homicidio, borra su celular si no hay nada que ocultar. A eso también se suman los vínculos de Milman con el entorno de los que quisieron matar a Cristina, Fernando Montiel y Brenda Uriarte: hay una relación de Carolina Gómez Mónaco con la panelista de Crónica, María Alejandra Mroue, que llevó a estas personas al canal. 

-¿Por qué se pide la figura de “inhabilidad moral”? 

-Nosotros no podemos decir que la figura es intento de homicidio porque eso no está comprobado por la justicia. No sólo eso, también la figura de inhabilidad moral se hace evidente por los otros «asesoramientos» en temas de seguridad del diputado, que merecen especial atención. El 1 de septiembre de 2022 le facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que preside Patricia Bullrich y él mismo integra. Pero también a Olga María Guerra Carias, una joven venezolana que vive en Talar de Pacheco, que figura como incobrable en los informes comerciales y le habría pagado al diputado más de 600.000 pesos en octubre de este año por “servicio de diseño de seguridad”. Las facturaciones recientes en esta materia del diputado Milman y el uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado creemos que entran en conflicto de intereses. Por otro lado, está la denuncia realizada por Aníbal Fernández contra Milman y Patricia Bullrich, por los delitos de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales y negociaciones incompatibles con la función pública. Finalmente, se destacan los sospechosos contratos de alquiler del diputado. 

-¿Qué representa o qué imagen da Milman del Congreso? 

-Ofrece una imagen que los medios hegemónicos quieren dar sobre los diputados. Que somos ñoquis, que hay asesores que no son idóneos, que se manejan fondos espurios. La verdad es una vergüenza, por algo lo expulsaron de la vicepresidencia del bloque.  

-Respecto al escenario electoral, ¿cómo analiza la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no presentarse como candidata en 2023? A su vez, ¿qué debería hacer el Frente de Todos para generar un candidato competitivo?

-Cristina lo dijo claramente: a ella la proscribieron. Obviamente podría haber tomado la decisión de presentarse porque la sentencia no está firme, pero ante la proscripción decidió que la fuerza política no cargue con ello. Hay un tribunal que dijo que tenía que estar inhabilitada a ocupar cargos públicos a pesar de que la sentencia no esté firme, por lo que hay claramente una proscripción a su figura. Se haría difícil llevar una campaña con una sentencia de esas características. Por otro lado, en su discurso Cristina explicó que esto ya es un mensaje interno para nuestra fuerza política: que cada uno agarre su bastón, eso significa que salgan a militar y buscar los votos y los que logran tener el consenso que necesario sean los candidatos.