Hace pocos días, el pasado 10 de junio de 2022, conmemoramos el 193° aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El 3 de enero de 1833, el ejercicio efectivo de la soberanía argentina fue interrumpido mediante un acto de fuerza llevado a cabo en tiempo de paz por parte del Reino Unido, que ocupó ilegalmente las islas mediante un brutal acto de usurpación.

172 años después, se inició el conflicto bélico en Malvinas. El horror duró 74 largos días y dejó como saldo 672 jóvenes argentinos que perdieron la vida, según datos oficiales.

El hundimiento del ARA General Belgrano fue uno de los episodios más crudos y tristemente recordados por ser atacado a traición, fuera de la zona de exclusión. Fueron 323 los muertos, por supuesto, todos del lado argentino. Otro hecho que también quedó guardado bajo un manto de impunidad. Desde entonces, el Reino Unido mantiene una cerrada negativa a reanudar el diálogo con nuestro país.

En 2016, el pacto conocido como “FORADORI-DUNCAN”, firmado por el ex viceministro argentino Carlos Foradori, removió todo obstáculo para que Inglaterra explote inescrupulosamente la pesca y los hidrocarburos. Se suma a ello, la injustificada presencia militar de Inglaterra en nuestras Islas. El complejo de bases militares británicas “Mount Pleasant Complex” (Monte agradable), localizado a 45 kilómetros al sur de Puerto Argentino, incluye una base aérea y otra de lanzamiento de misiles. Es el centro más importante de toda Latinoamérica que integra el dispositivo de seguridad global de la Otan.

Pero el ataque a nuestra soberanía no solo ocurre en nuestras Islas Malvinas. 

A partir de la dictadura militar en Argentina, la presencia de grandes grupos económicos extranjeros aprovecharon nuestras leyes débiles y permisivas para comprar grandes extensiones de tierras, con lagos, ríos, glaciares y hasta caminos públicos, que fueron vendidos como parte de esos negocios inmobiliarios. 

La ley 26.737 creó el “Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales”, con el fin de controlar la venta y la extranjerización de nuestro territorio en 2011, pero cinco años más tarde, el decreto 820/2016, volvió a permitir la profundización del proceso “extanjerizador”.

El caso del empresario inglés-norteamericano Joe Lewis, quizá sea uno de los más emblemáticos para demostrar la impunidad con la que se mueven empresarios británicos en un país, que aún llora a sus muertos de Malvinas.

En 1996 adquirió el campo que rodea totalmente al Lago Escondido, de 8.063 hectáreas, ubicado entre las ciudades de El Bolsón y San Carlos de Bariloche. El negocio inmobiliario se llevó a cabo mediante una triangulación fraudulenta contra las leyes argentinas que prohíben la compra por parte de extranjeros de tierras en zonas de frontera. Esta maniobra es investigada por la Justicia, pero aún sigue impune. A partir de entonces, los ciudadanos y ciudadanas argentinas, nos encontramos imposibilitados a acceder a uno de los lagos más hermosos de la Patagonia argentina en condiciones de seguridad.

En 2016, el ex procurador del Tesoro, Dr. Balbin, solicitó al entonces Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que inicie la “Acción de lesividad”, para declarar nula la compra del campo y recuperar para el Estado Argentino, las tierras que rodean el Lago Escondido.

La respuesta de Frigerio fue negativa, considerando que estaríamos ante “un dispendio judicial“. Esta negativa, detonó la denuncia penal presentada por el ex senador Pino Solanas.  

El largo peregrinar ante la Justicia rionegrina de ciudadanos y organizaciones sociales, indígenas y ambientales en pos de garantizar el libre acceso al Lago Escondido, lleva 17 años. Una causa judicial en la cual pasaron más de 28 jueces, y con una demora en su cumplimiento que lleva más de 13 años, donde el abuso de la jurisdicción o abuso procesal, resultó más que evidente.

Con casi dos décadas de lucha, puedo afirmar que la impunidad no ha cesado: los accesos al lago escondido siguen cerrados, la guardia armada vinculada al magnate continúa atacando a los vecinos sin consecuencias legales, tal lo ocurrido los días 8 y 9 de febrero de 2022 con los militantes de Fipca, y el espejo de agua sigue afuera del corredor turístico de la provincia de Río Negro.

Y quizá, lo más grave para nuestra seguridad nacional, es que este mismo ciudadano inglés haya construido y operado por años el aeropuerto más sofisticado de la Patagonia argentina, ubicado en la costa atlántica, en zona de fronteras y en el estratégico paralelo 42°, a tan solo dos horas de vuelo de nuestras Islas Malvinas. 

Hace pocos días se conoció una resolución de la Inspectora General de la Justicia por la cual se pidió la nulidad de la sociedad Hidden Lake S.A de Joe Lewis por el incumplimiento de sentencias judiciales firmes y sus gravosas consecuencias hacia la comunidad. 

A 40 años de la gesta de Malvinas, y en honor a nuestros caídos, ex combatientes y de todos los argentinos y argentinas, llegó la hora de decir basta. Nuestro Estado de Derecho no admite privilegios. Tampoco tolera la presencia de enclaves coloniales antiguos o nuevos que pongan en peligro nuestra soberanía.