Diecisiete años de recorrido jurídico, 24 jueces y juezas, cinco gobernadores y gobernadoras. Desde 1996, el magnate británico Joe Lewis se resiste a habilitar los senderos públicos al Lago Escondido, lindante a las 12 mil hectáreas que posee en Río Negro. Desde 2005 se inició el proceso judicial para que se respete el artículo 73 de la Constitución provincial que asegura el libre acceso a las costas y la regulación del Estado para la construcción de las vías de circulación. A pesar de que hay un fallo del Superior Tribunal de Justicia (TSJ) rionegrino que obliga a la provincia a habilitar y señalizar dos pasos hacia el lago, Lewis y el gobierno provincial se resisten a cumplirlo y presentan recursos para revertir la sentencia. En 2013, el juez de Bariloche Marcelo Cuellar implementó la ejecución del fallo y estableció un límite de tiempo para que se asegure el acceso desde el camino de montaña (que se hace en cuatro días y requiere preparación física porque hay que cruzar dos ríos) y desde el camino de Tacuifí, el recorrido preexistente a la venta de las tierras.
El fallo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería en 2014. Sin embargo, dos años más tarde, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro lo revocó y ordenó que una nuevo tribunal dicte sentencia.
Tiempo consultó a Magdalena Odarda, exsenadora nacional por Río Negro y actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que sigue la causa desde 2005, cuando presentó el amparo junto con la exgobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos.
–¿Cómo fueron estos 17 años de proceso judicial?
–En 2005 comenzó la travesía judicial porque en un principio se denegó el amparo, pero se dejó una puerta abierta que aprovechamos y propusimos que la servidumbre de paso que se habilitaba en ese sentencia, que es el sendero de montaña, no era el camino adecuado. En 2009 se ordenó abrir y dar condiciones de señalización y de seguridad en las dos vías de acceso. El juez consideró que el sendero de montaña era discriminatorio. Es imposible pensar que una persona con discapacidad o un niño pueda transitar cuatro días caminando o a caballo para llegar al lago. Por eso ordenó abrir «todas las vías existentes y preexistentes». Como preexistentes propusimos el camino de Tacuifí, que es el más corto. Era el que se usaba con anterioridad a que Joe Lewis comprara las tierras. Se aceptó esa propuesta y el juez determinó que tanto la traza larga como la corta debían quedar bajo jurisdicción de la empresa de Vialidad de Río Negro.
–¿Qué pasó después?
–La empresa Hidden Lake y también los gobiernos de Río Negro consideraban que la traza de Tacuifí era privada. Esa traza tenía tres puentes de material, puentes muy importantes porque eran para poder cruzar los ríos, pero fueron derribados por manos anónimas cuando Lewis compró el campo, de esa manera no se podía pasar. Cuando hicimos la inspección por ese camino con el juez Víctor Hugo Sodero Nievas, presidente del TSJ, tuvimos que hacerlo caminando por el río con el agua a la cintura. Al presidente del tribunal no se le permitió usar los puentes de Lewis, hechos al lado de los destruidos. Incluso había trazas profundas y peligrosas para hacer a pie. Era muy honda esa parte. Tuvimos que llegar caminando porque por el río Foller se puede pasar en auto, pero alguien dragó el río. Sacaron tierra del lecho del río y los vehículos no podían pasar. Es el juez que más trabajó para lograr el libre acceso a las costas y después le hicieron un escrache en la casa. Nicolás Van Ditmar, la cara visible de Lewis, organizó una contramarcha a Viedma para quejarse del fallo 2009. Llevaron cinco colectivos llenos de gente. Se instalaron en la plaza principal para demostrar el poder, nadie los molestó. Alquilaron caballos y fueron a hacerle un escrache al juez. Tienen esa modalidad de alquilar caballos y poner gente vestida con ropas tradicionales. El juez Cuellar estableció los plazos para habilitar los caminos.
–¿Por qué no se hizo?
–Comenzó una serie de apelaciones, recusaciones de jueces. Los abogados de Lewis denunciaron a jueces ante el Consejo de la Magistratura de Río Negro. La jueza de El Bolsón, Erika Fontenla, que había dispuesto una audiencia de conciliación, fue denunciada y la terminaron echando. Desde 2013 hasta hoy es un enjambre jurídico donde la provincia apeló toda sentencia favorable a los ciudadanos y transcurrieron todos estos años sin abrirse el camino.
–¿El gobierno provincial apeló la sentencia a favor del acceso al lago?
–Sí. Apelaron las dos: tanto los abogados de Lewis como los de la provincia. Esto sucedió en 2013, el gobernador era Alberto Weretilneck. Desde ahí seguimos haciendo reclamos, pero recién ahora se pudo constituir el tribunal. Ya no quedan jueces en Bariloche para intervenir en esta causa. El 9 de marzo hay una audiencia de conciliación.
–¿Cómo califica la actitud del Poder Judicial?
–Hubo mucha presión sobre los jueces y lo demuestran los expedientes en el Consejo de la Magistratura. La mayoría fueron archivados, pero causaron temor y se produjo una catarata de recusaciones y terminaron echando a una jueza. Eso fue el año pasado, lo único que ella hizo fue, ante una marcha similar a la de esta semana, llamar a una audiencia previa y propuso mediar entre las partes. A partir de allí, nadie quería integrar las cámaras para resolver la apelación.
–¿Cómo califica el rol del gobierno provincial durante todos estos años?
–El gobierno provincial acompañó todos los pedidos de Joe Lewis. Está acreditado en los expedientes. Los distintos fiscales de Estado nunca estuvieron de acuerdo con la apertura del camino de Tacuifí. Obstaculizaron permanentemente la ejecución de la sentencia.
–¿Cuál es el accionar de la policía?
–Siempre tuvo la orden de defender la propiedad privada de Lewis e impedir que vecinos y vecinas de la zona y del país accedan. Siempre se los encontró defendiendo desde adentro el campo. «
