¿El incremento de hasta el 400 por ciento en el gas, correspondiente al 2016, fue un fraude al Estado? ¿O fue tal vez producto de un pago de sobornos de las empresas de gas a funcionarios públicos para que avalaran las subas? Esas son las dos principales preguntas que se hace el fiscal Franco Picardi y que motivaron en principio el inicio de una investigación y ahora el pedido de imputación del presidente Mauricio Macri y del ministro Juan José Aranguren, en la causa que lleva el juez Sebastián Casanello.
El fiscal tiene indicios de que el aumento tarifario significó un beneficio económico a empresas que pertenecen a socios y amigos reconocidos de Macri, como Nicolás Caputo, a través de la firma Central Puerto, y a Jhon Lewis y Marcelo Mindlin, por ser accionarios de Petrobras.
La fiscalía investiga entonces si pudieron haber existido delitos vinculados negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho, a raíz del aumento en las tarifas de gas.
