Mauricio Macri enfrenta un dilema. El caso Odebrecht es otra prueba de fuego para su gobierno de malos índices. Pudo con el escándalo del Correo, a medias. Es menos seguro que zafe del lodazal del Lava Jato. Las notas operadas que salen en los medios amigables sobre el escándalo en ciernes demuestran, antes que nada, que los despachos oficiales están dominados por la preocupación. El plan de contingencia presenta grietas evidentes. Va a ser muy difícil negar los vínculos del actual presidente con la empresa brasileña, porque Odebrecht tenía a la macrista IECSA como socio privilegiado en la Argentina en la obra del soterramiento del tren Sarmiento. Obra que recibió, apenas asumido Macri, una inyección por decreto de 45 mil millones de pesos del erario público para efectivizar su dilatada concreción. El traspaso de la firma constructora al primo presidencial, Angelo Calcaterra, tiene más ribetes de pantalla anticrisis que de venta en regla; y la reciente cesión a Marcelo Mindlin tampoco aleja las sospechas sobre los controlantes reales de la sociedad. Según el periodista Alejandro Bercovich, en su reciente viaje a China, Macri desayunó dos veces con Javier Sánchez Caballero, el ex CEO de IECSA (ahora SACDE) que aparecería mencionado en los papeles que registran las delaciones premiadas que motorizaron el escándalo. Son las mismas fuentes que involucraron en la maniobra al actual inquilino del presidente y titular de la AFI, Gustavo Arribas, mencionándolo como supuesto receptor de coimas. Los descargos de Arribas, hasta ahora, no fueron muy eficaces. Dijo y se contradijo, avivando suspicacias, sin aceptar la citación del Parlamento.

Los movimientos del macrismo alrededor del caso alimentan conjeturas negativas. Ver al ministro de Justicia, Germán Garavano, negociando –por instrucción presidencial, como si se tratara de un abogado de parte– con la empresa que admitió el cohecho para procurarse de antemano la información existente en los expedientes brasileños, es de una desprolijidad que no está a la altura de un gobierno que presume de la transparencia y de su inocencia en el caso. Garavano dijo –o le mandaron a decir– que lo hacía porque el Poder Judicial no había hecho nada, desconociendo que hay cuatro fiscales y un juez trabajando en el tema, y a la espera de que la Justicia brasileña libere los datos. La incursión de la Oficina Anticorrupción, de Laura Alonso, en igual sentido, pareciera ser el segundo capítulo de esta saga torpe y hasta autoincriminatoria. Pero, por si algo faltaba, el propio presidente en la Bolsa de Comercio, atacando a la procuradora Alejandra Gils Carbó, cabeza del Ministerio Público Fiscal que debe investigarlo, termina de confirmar que los nervios nublan la vista del oficialismo hasta hacerlo tropezar.

Vale dejar dicho que la procuradora Gils Carbó –como aclaró a través de las redes sociales Ari Lijalad, el periodista que divulgó el escándalo del Correo–, no es propiedad partidaria, ni debe responder funcionalmente al presidente. Mucho menos, a sus caprichos. Se trata de un poder independiente. En este caso, además, es el que debe aclararle a la sociedad cuáles fueronlos alcances de los manejos espurios que pudieron haberse cometido en la concesión de las obras a Odebrecht y sus socios locales. La Justicia brasileña también lo entiende así. De hecho, solo quiso mantener contacto con funcionarios de la Procuración, que serán los que vehiculizarán la información hacia los expedientes. 

La diatriba macrista contra Gils Carbó parece, en realidad, un manotazo de ahogado. Una asunción de la culpa por vía del enojo. Decirle «kirchnerista» o que armó cortinas de humo para beneficiar a Julio De Vido no hace al presidente impermeable a las sospechas que pesan sobre él. Al contrario, lo involucra en el tema. Por rango, Macri no puede desconocer que Gils Carbó fue elegida por otro poder, el Legislativo, y que su rol es, precisamente, el de impulsar las investigaciones necesarias sin dejarse presionar por el Ejecutivo. 

Tal vez sea la desesperación o la mala consejería exprés. Pero Macri reacciona con Gils Carbó como lo haría quien es culpable, es decir, tratando de desacreditar a la jefa de sus potenciales acusadores. Todo el discurso sobre la institucionalidad y la transparencia, parte de las promesas de campaña, se cae como hoja en el otoño cuando se habla del Correo o, como es el caso ahora, tratando de tomar distancia del affaire de Odebrecht. A veces, cuando se observa la TV o las radios más alineadas con los intereses gubernamentales, pareciera que Gils Carbó nació en Santa Cruz, o es una hija no reconocida de CFK o ni siquiera es abogada. Es absurdo: su pliego fue aprobado en el Senado, en 2012, por 63 votos a favor y tres negativos. Su legitimidad política y funcional es mayor que la de los miembros de la Corte que impulsó –desprolija y casi salvajemente por decreto– el macrismo apenas asumió. Gils Carbó fue apoyada por el FpV, el peronismo disidente, la UCR y el Frente Amplio Progresista, que destacaron sus antecedentes de carrera y su honestidad. Entre los que aprobaron su designación estuvo el radical Gerardo Morales, el actual gobernador de Jujuy. Quien ahora la criticó cuando ella emitió dictamen pidiendo la libertad de Milagro Sala. Pareciera que Morales y todo Cambiemos se hubiera llevado la materia «república» a marzo. Es independiente. Se la elige, además, para que lo sea. Es una obligación funcional de Gils Carbó. Por eso, hasta ahora, más allá de las múltiples operaciones desplegadas desde las usinas oficiales articuladas por Clarin y La Nación (que nunca perdonarán el dictamen suyo a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios), el gobierno jamás logró reunir número para interpelarla en el Congreso. Claro, todos saben que el costo de remover a una funcionaria cuya misión es, precisamente, la de investigar de modo autónomo, los pone en una situación particularmente incómoda. Para peor, Gils Carbó tiene fama de inflexible. Y va a dar pelea cuando haya que darla.

En la jungla política actual, igual, nada es descartable. La labor de esmerilamiento de su figura es sistemática y descarada. Aún  peor desde diciembre de 2015. Después de lo que el presidente salió a decirle en la Bolsa de Comercio, la pista sobre la autoría intelectual, no deja dudas. Macri le teme a Gils Carbó, no porque ella sea parcial o reporte a una imaginaria central clandestina K. Es que Macri sabe mejor que nadie lo que Macri oculta. Esa es la explicación a tanto nervio, tanta descalificación y tanta torpeza en el caso Odebrecht. Hasta ahora, nadie dejó peor parado al presidente en este asunto que el propio presidente. Así de grave es lo que se viene. «