La preocupación que sus propios allegados (políticos y mediáticos) le adjudican a Mauricio Macri por su futuro judicial en un eventual gobierno de Sergio Massa tiene, cuanto menos, un fundamento matemático: según el Centro de Información Judicial (CIJ), sólo en el fuero penal federal porteño el expresidente tiene 38 causas, ocho de las cuales están protocolarmente activas. En otros fueros también hay expedientes abiertos, entre ellos uno que inexplicablemente no avanza pese a que está todo probado: la provisión de armas a los golpistas de Bolivia para sostener la rebelión que derribó a Evo Morales.

El viernes a última hora, el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade pidió en siete causas que los jueces le prohíban la salida del país a Macri. El legislador oficialista fundamentó su planteo en artículos periodísticos que le atribuyen al expresidente, entre otras, la frase «si gana Massa me tengo que ir del país». Son artículos publicados por medios que para nada son hostiles con Macri: La Política Online, La Nación y Clarín, a través de algunas de sus principales plumas: Eduardo Van der Kooy, Marcelo Bonelli,  Claudio Jacqueline, Javier Laquidara, Joaquín Morales Solá y Nicolás Balinotti.

«Resulta evidente en este contexto que, más allá de la falta de profundización de la pesquisa en dirección a quien es el principal responsable de las maniobras delictivas que se investigan, deviene indispensable para la investigación que se  evite que el imputado Macri abandone próximamente el país y se convierta en prófugo de la ley, tal como lo hizo su principal asesor judicial y abogado personal Fabián Rodríguez Simón», advirtió.

¿Por qué un gobierno de Massa podría significar un riesgo para el blindaje judicial del que hoy disfruta Macri?

El Poder Judicial ha enviado algunas señales preocupantes para el cuestionado líder de Juntos por el Cambio, ahora aliado a Javier Milei. Su amigo y gestor judicial Daniel Angelici tuvo en las últimas semanas un indisimulado acercamiento con Massa. Acercamiento político, claro. Porque el personal existe desde antaño: cuando Angelici se refiere al candidato de Unión por la Patria no habla de «Massa» sino de «Sergio».

La aproximación política se dio a través de varios vasos comunicantes. Dos de ellos: el ex presidente del Consejo de la Magistratura y rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, y el vicejefe de Gabinete y uno de los delegados por Massa para negociar los términos del debate del próximo domingo, Juan Manuel Olmos.

Molea, incluso, podría ser su ministro de Justicia.

El «Tano» Angelici anunció públicamente su acatamiento a la postura que asumió la UCR en torno a la alianza de Macri con Milei. Radical de origen, adoptó una decisión estratégica de acatamiento vertical al rechazo de su partido a la decisión inconsulta de Macri. Angelici, como los principales referentes de su partido, no dirá públicamente a quién votará el 19 de noviembre. Pero su rechazo a Milei lo aleja –políticamente, al menos– de Macri.

Sectores de la abogacía porteña le atribuyen a Angelici el diseño de la estrategia (que incluyó a Molea) para ungir a Ricardo Gil Lavedra como presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, desbancando a Gente de Derecho, la agrupación que gobernó durante 12 años con Jorge Rizzo a la cabeza. Angelici fue aliado de Rizzo pero le soltó la mano cuando los vientos soplaron en otra dirección.  Es un dato. No menor.

Además, Massa tiene por sí mismo llegada (y algo más) a Comodoro Py. Incluso a los sectores más horribles. Y, por lo menos en los presagios, si llegara a la Presidencia su perfil no será como el de Alberto Fernández.

Pragmatismo. El Poder Judicial como válvula reguladora de la gobernabilidad. No faltan quienes imaginan el escenario político en una eventual presidencia de Massa como un partido de tenis: «si Macri ataca le van a responder con todo lo que tengan; si sólo pelotea desde el fondo de la cancha la cosa será más tranquila».

Claro que Macri no es el único dirigente político con problemas en el Poder Judicial. Tampoco es el único que con declaraciones o conductas podría afectar la gobernabilidad de una eventual presidencia de Massa.

¿Podrían los mismos jueces que durante estos cuatro años adormilaron las causas de presunta corrupción del gobierno de Macri (e incluso lo beneficiaron abiertamente en expediente escandalosos como los de espionaje ilegal) panquequear y ponerlo ahora en jaque? La pregunta tiene como respuesta otra pregunta: ¿por qué no?

Macri tiene razones reales para sospechar que su futuro judicial puede ser complicado. El jueves pasado la Procuración del Tesoro –que encabeza Carlos Zannini– le presentó a la jueza María Eugenia Capuchetti un resumen de todas las pruebas que reunió y aportó en los últimos cuatro años sobre las irregularidades en la toma de deuda con el Fondo Monetario. Son páginas y páginas de documentación; entre esos papeles aparecen dos en los que el propio FMI reconoce tácitamente que el dinero del préstamo financió la fuga.

El «Informe País N° 18/297» del FMI, de octubre de 2018 (pleno gobierno de Macri), afirma: «Con una intervención cambiaria superior a los límites pactados en el Acuerdo Stand-By, las reservas internacionales fueron vaciadas a un ritmo mucho mayor que el previsto en virtud del programa». El «Informe País N° 21/279», también del Fondo, de diciembre de 2021, sostiene: «Las autoridades gubernamentales (2018/2019) utilizaron los recursos del Préstamo Stand By apartándose de los términos del Acuerdo».

Capuchetti, la jueza que ¿investigó? el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y tiene en su juzgado la denuncia por el préstamo del FMI, desembarcó en Comodoro Py auspiciada por Angelici.

Las otras causas que Comodoro Py puso en estos últimos años en estado vegetativo y parecen preocupar a Macri son la reglamentación de la ley de blanqueo que le permitió incluir a sus familiares pese a que estaba expresamente prohibido; el frustrado arreglo con la empresa Correo Argentino S.A., propiedad de su grupo empresario; los presuntos negociados con los parques eólicos;  la red de espionaje ilegal a aliados y opositores políticos pero también a sus propios familiares; la renegociación de los peajes para los accesos a la Ciudad de Buenos Aires; la venta subvalorada de las centrales térmicas Brigadier López y Ensenada Barragán, en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires; y la «mesa judicial» desde la cual se urdieron maniobras para incriminar y encarcelar a exfuncionarios del gobierno 2003 – 2015.

Milei llevado de su mano a la presidencia aparece como una garantía de tranquilidad para Macri. Los integrantes de la UCR (ahora sus exaliados), tanto en el Congreso cuanto en el Consejo de la Magistratura, cuentan que la razón de fondo del enojo no es tanto la falta de consulta al interior de Juntos por el Cambio sobre la decisión a adoptar de cara al balotaje. Macri no sólo «se cortó solo»; también lo hizo por una razón egoísta. «Cuidó su propio culo y se c… en todo», afirman, con un tono escatológico.   «