Poco antes del escándalo que provocó la detención del ex secretario de Obras Públicas José López cuando intentaba esconder 9 millones de dólares en un convento, el presidente Mauricio Macri reunió a los tres ministros que tienen a su cargo la seguridad del área metropolitana de Buenos Aires: la jefa de la cartera nacional, Patricia Bullrich; el titular del área bonaerense, Cristian Ritondo; y su par porteño Martín Ocampo. La cita se habría concretado hace diez días con dos finalidades: limar asperezas entre las jurisdicciones y profundizar la coordinación de las fuerzas federales, la Bonaerense, la Policía Metropolitana y las comisarías porteñas que están en proceso de transferencia desde la órbita de la Federal a la capitalina, dentro de una ambiciosa reforma que (dentro de un plazo aún desconocido) dará a luz una nueva fuerza civil armada que controlará el territorio de la Ciudad de Buenos Aires y que fusionará la actual estructura de la Metropolitana con las comisarías capitalinas.

Sin embargo, por fuera de las cuestiones institucionales y de la creciente preocupación por la cantidad de casos de inseguridad, la cita tuvo la finalidad reordenar las internas que tienen a Bullrich como principal protagonista. “La Piba”, además, tiene como segundo a Eugenio Burzaco, ex jefe de la Policía Metropolitana que ahora cumple funciones como viceministro y es destinatario de cuestionamientos de las otras jurisdicciones del área.

Ante las consultas de este diario fuentes porteñas negaron la “existencia de internas con la Nación y con la Provincia”, pero las versiones del malestar se multiplican en cada una de las jurisdicciones del área metropolitana y repercuten con fiereza tanto en la Legislatura porteña como en la bonaerense. Uno de los puntos de quiebre fue la tragedia de Time Warp, ocurrida el 16 de abril, donde murieron cinco jóvenes y otros cinco fueron internados en estado crítico por una intoxicación tras consumir supuestamente drogas en la fiesta organizada en Costa Salguero. La primera reacción de la ministra Bullrich fue responsabilizar a la órbita porteña, pero el control del operativo estuvo a cargo de la Prefectura, cuyos mandos buscaron despegarse del caso y deslizaron que tenían la orden de no intervenir. Otra pieza del malestar que habría incomodado al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tiene que ver con los datos que aportó la ministra ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad del Congreso. La funcionaria se basó en cifras de la Procuración General de la Nación para informar que en los primeros cinco meses del año hubo 115 secuestros en la Capital y la provincia de Buenos Aires. Cuando entró en detalles, para explicar que habían disminuido, señaló que “de los 115 secuestros registrados en el año, 95 se produjeron en la provincia y 20 en la Ciudad, mientras que en 2015 ocurrieron 121 en territorio bonaerense y 16 en la Ciudad”. Las cifras, a pesar de los esfuerzos de Bullrich por relativizarlos, demostraron un incremento de esos delitos a los dos lados de la General Paz.

Tras el malestar que provocó el informe de Bullrich, los problemas no aflojaron: fuentes de dos comisiones de la Cámara de Diputados confiaron a Tiempo que “hay muchos tironeos por temas de infraestructura: la Nación mantiene una actitud mezquina con la transferencia de la Federal, y retacea desde el destino de los patrulleros de la fuerza hasta la afectación de determinados cuerpos de la PFA que Bullrich no le quiere aflojar a Larreta”. Entre esos cortocircuitos ministeriales, los cuestionamientos superan al papel de Bullrich y también apuntan a Burzaco duramente cuestionado tanto en Provincia, en Ciudad y hasta por el propio Macri.

La trama bonaerense

La disputa entre jurisdicciones que implicó la intervención presidencial ocurre también en un escenario muy complejo para la gobernadora María Eugenia Vidal. De hecho, el simulacro de robo en la residencia oficial del ministro de Gobierno, Federico Salvai, volvió a agitar los fantasmas que conmueven a la mandataria desde que asumió: que un sector de su policía le envía “mensajes” para que dé marcha atrás con los cambios en esa institución. El hecho ocurrió dos semanas después del extraño episodio en el despacho de la gobernadora, cuando dos policías fueron encontrados revisando el escritorio de Vidal y su secretaria privada, según la versión oficial.

Las peleas que argumentan en el Gabinete bonaerense están relacionadas con el achique de la cúpula policial, exoneraciones varias y el pedido de declaraciones juradas patrimoniales a los policías y penitenciarios con rango igual o superior a subcomisario. Para el gobierno no es casual que el 2 de marzo, un día después de anunciar en la apertura de sesiones legislativas que los policías de alto rango deberán declarar y hacer públicos sus bienes, tres intendentes de Cambiemos fueran asaltados con diferencia de horas, en La Plata. Se trató del jefe comunal local Julio Garro, y de sus pares de Saladillo, José Salomón, y de Magdalena, Gonzalo Peluso.

En la misma bolsa de hechos sospechosos incluyen también el secuestro que sufrieron los legisladores de Cambiemos, Osvaldo Mércuri, y su esposa, María Elena Torresi, y el robo a un camión de caudales en plena autopista Buenos Aires-La Plata a manos de delincuentes que vestían chalecos de la Policía Federal y que balearon a los policías de la Bonaerense que custodiaban el vehículo.

Consultado por Tiempo, el jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, evitó hablar de la interna dentro de la fuerza o de los “mensajes” que ve el Ejecutivo. “No me corresponde hacer interpretaciones. Mi función es poner todo el dispositivo de la Policía, tanto de Investigaciones como de Científica, para dilucidar qué es lo que ha ocurrido”, sostuvo, y agregó: “Estamos en plena etapa de investigación”.  «