El presidente Mauricio Macri no hablará de golpe de Estado en Bolivia, pero ante el empeoramiento de la crisis en el país limítrofe revisa la posibilidad de reconocer como presidenta interina a la senadora Jeannine Áñez, autoproclamada como reemplazante del mandatario constitucional Evo Morales, que fue presionado por las Fuerzas Armadas para renunciar y ahora está refugiado en México. El gris de esa indefinición se extendería durante toda la transición de mando hasta el 10 de diciembre, cuando asuma el presidente electo Alberto Fernández, que ya anticipó que no reconocerá a la administración de facto. En el Palacio San Martín mantienen un estricto silencio sobre la situación en el país altiplánico.

Sin embargo, un funcionario reconoció a Tiempo que «la administración de Áñez cada vez se parece menos a un gobierno de transición para llamar a elecciones», en referencia a la represión desatada contra los manifestantes que se movilizaron para defender la legitimidad del gobierno de Morales. La violencia estatal, al cierre de esta edición, ya dejó al menos 24 muertos y más de 500 heridos. El operativo represivo fue acompañado por medidas ejecutivas que decidió la presidenta de facto como la ruptura de relaciones con Venezuela, el cese de todos los embajadores designados por Morales, la salida del bloque ALBA, de la UNASUR, la expulsión de 720 médicos cubanos y la amenaza de acusar a periodistas locales y extranjeros del cargo de «sedición» para detenerlos.

La agudización de los conflictos y el riesgo de una guerra civil amedrentaron al sector del Gobierno que apostaba a un veloz reconocimiento de Áñez, casi en forma conjunta con los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, que sólo demoraron 48 horas en dar las primeras señales de respaldo.

A pesar del hermetismo, distintas fuentes diplomáticas del oficialismo apuestan a que Macri «no hará más olas», especialmente por las advertencias de Fernández, que no reconocerá a Áñez a partir del 10 de diciembre y podría dejar sin efecto cualquier medida de Macri en sentido contrario.

Un alto funcionario de la Casa Rosada aseguró que Macri mantendrá la indefinición hasta su salida del poder. «No nos vamos a comprar ese quilombo cuando nos quedan tres semanas de gobierno», resumió la fuente consultada sobre el almuerzo que este viernes encabezó Peña con todos los ministros en la residencia presidencial de Olivos, donde se habló de Bolivia.

No era el ánimo de los días anteriores. El giro tiene su explicación luego de una semana que comenzó con el derrocamiento de Morales y abrió dos frentes para la Casa Rosada: un nuevo diálogo telefónico de Fernández con Macri (donde le pidió darle asilo político a Morales en Argentina, pero el mandatario saliente se negó) y un áspero debate dentro del bloque de diputados de Cambiemos sobre la forma de rechazar la destitución de Morales para no hablar de golpe de Estado. Las diferencias revelaron la preocupación latente en el oficialismo sobre el interés inicial de Macri para reconocer a Áñez y también derivaron en la desautorización pública de la ex canciller Susana Malcorra.  

Hasta ahora, la Casa Rosada sólo reconoce a Áñez como «referencia de autoridad»: una caracterización que esgrimió el canciller Jorge Faurie para moderar el objetivo de reconocerla como legítima mandataria provisional. Lo hizo luego de justificar a las Fuerzas Armadas que empujaron a Morales a la renuncia. «Las Fuerzas Armadas se declararon prescindentes, dijeron a la clase política que busque una salida y esto es lo que ha ocurrido», interpretó Faurie. Poco después fue cruzado por su antecesora Malcorra, que sólo ofreció dos entrevistas desde que dejó el cargo.

«En Bolivia hubo un golpe de Estado, no es una cuestión debatible» disparó la ex funcionaria de la ONU y opinó que en el gobierno «hay una lectura ideológica sobre Bolivia, y eso es muy peligroso». La advertencia de la ex jefa del Palacio San Martín fue en referencia a Macri y a dos funcionarios que definen la política exterior argentina por encima de Faurie: el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Fulvio Pompeo. En el medio de las controversias internas comenzaron a ingresar al país ciudadanos bolivianos que pidieron asilo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que una decena de ex funcionarios de Morales ingresaron como turistas a provincias limítrofes y pidieron refugio. Al cierre de esta edición fuentes diplomáticas explicaron a Tiempo que todavía no llegó ninguna solicitud a la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) que depende la Cancillería: una demora que podría dejar a los solicitantes de asilo en un limbo jurídico perjudicial para su integridad. No es el caso de otros dos ex funcionarios bolivianos alojados en la Embajada argentina en La Paz, que ya presentaron la petición pero aún no recibieron respuesta.

Los titubeos de Macri despertaron preocupación a la administración de facto en La Paz. A pesar del silencio que mantiene el Palacio San Martín, este viernes hizo saber mediante el diario Clarín que la canciller de Añez, Karen Longaric, le pidió a un funcionario diplomático que Macri «sea más claro» sobre su posición respecto a la presidencia provisional. El mensaje revela que los impulsores del golpe contra Morales tenían otras expectativas respecto a la posición de la Casa Rosada. Las mismas que tenía la Casa Blanca: una respuesta tan rápida como la que adoptó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.