Desde el mismo inicio de la gestión de Cambiemos, venimos alertando sobre su sostenido avance sobre nuestros derechos, y en particular sobre la profundización de las políticas represivas que buscan imponer el control social en las barriadas populares, así como las que se descargan sobre todas las formas de protesta.

Por una parte, es manifiesto el incremento masivo de la militarización en los barrios, con detenciones arbitrarias, razzias y un crecimiento nunca antes visto de la incidencia del gatillo fácil y las muertes en lugares de detención.

En materia de represión a la protesta, junto a una serie de iniciativas normativas, muchas concretadas, otras frenadas por la movilización popular, como el protocolo antipiquete, el gobierno decidió adoptar una lógica bélica para la intervención de sus fuerzas de seguridad, lo que fue muy evidente a partir de mediados de 2017, en la represión a las movilizaciones al mes de la desaparición de Santiago Maldonado y las de diciembre contra la OMC, la de los movimientos sociales y las dos contra la reforma previsional. En todas esas ocasiones, y en muchas posteriores, fue evidente la represión selectiva a trabajadorxs de prensa, práctica que por extensión viene afectando a personas en general que registran en fotos o videos el accionar de fuerzas de seguridad.

No es casual ese direccionamiento específico de la represión, que recrudeció como «Plan B» a partir de que lxs trabajadorxs de prensa, junto a sus organizaciones gremiales, rechazaron de plano el intento del «corralito» para aislar sus cámaras y evitar incómodas fotos y filmaciones del accionar represivo. Represión tras represión, los organismos de DD HH y las organizaciones antirrepresivas hemos acompañado las fuertes denuncias del SiPreBA y otras organizaciones, como ARGRA y Fatpren, por los ataques selectivos con disparos de balas de goma, gas pimienta y detenciones, en ocasiones seguidas por largos procesos penales como el aún pendiente contra tres trabajadorxs de prensa que cubrían la movilización del 1 de septiembre de 2017.

En esa causa, y las que siguieron, se inauguró también el uso masivo de medidas de espionaje informático, con herramientas como el «ciberpatrullaje», el reconocimiento antropométrico comparando fotos y videos de marchas con imágenes de las redes sociales y perfiles de usuarios, la intrusión en registros, archivos, contactos y contenidos de mensajería de los celulares secuestrados en las detenciones, incluso mucho antes de que esas medidas fueran habilitadas por las reformas a los códigos procesales nacional y de CABA.

Esas medidas implican la vigencia de un estado de excepción, con la muerte del derecho a la privacidad de las comunicaciones y a libertad de opinión y la presunción de culpabilidad de cualquier detenido o detenida en una movilización, y sumadas a las nuevas formas de intervención de las fuerzas federales y locales en las situaciones de manifestación o movilización, convierten a lxs periodistas que concurren a cubrirlas en corresponsales de guerra expuestos a riesgos cada vez más graves.

La individualización, golpes y detención de los compañeros Bernardino Ávila y Juan Carlos Barrientos en la represión al Cuadernazo de lxs trabajadorxs de Madygraf debe leerse en el marco de una decisión política del gobierno nacional, que busca a toda costa callar por el miedo, o neutralizar por la fuerza, a quienes, con una imagen, como la señora de las berenjenas o la lechuga «a la pimienta», muestran lo que los medios hegemónicos silencian, cuando no tergiversan.

En un año electoral en el que la demagogia manodurista promete ser el eje de campaña de Cambiemos, mientras arrecian los tarifazos, los despidos, la inflación y otros ataques contra el pueblo trabajador, debemos seguir organizándonos para enfrentar el ajuste y la represión, y defendiendo a quienes ponen el cuerpo a nuestro lado para registrar y difundir cada lucha. « 

Abogada, fundadora de CORREPI