El conflicto de PepsiCo volvió a ganar el centro de la escena con la movilización de los trabajadores despedidos desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo bajo la consigna: Reincorporación de los trabajadores, lucha contra los despidos y repudio a la represión contra quienes defienden sus empleos.
Los trabajadores de la planta alimenticia y de bebidas -cerrada por la empresa y trasladada a la ciudad atlántica de Mar del Plata- recorrieron la ciudad junto a organizaciones sindicales, sociales y políticas.
Al finalizar la marcha, se instaló una carpa frente al Congreso de la Nación para visibilizar el conflicto y continuar con los reclamos hacia el gobierno y la empresa.
La movilización fue parte de un plan de lucha que llevan adelante los empleados despedidos desde hace un mes para exigir que les devuelvan sus puestos de trabajo. El jueves pasado, a pocas horas de la represión, la Cámara Nacional del Trabajo ordenó a la empresa reincorporar a diez de los trabajadores despedidos.
La Sala VI de la Cámara concedió la medida cautelar impuesta por una decena de trabajadores y dispuso, además, que se cumpla con el deber de ocupación de los empleados despedidos. Es decir, los jueces obligaron a la empresa a asignarle trabajo de manera inminente en la planta, que permanece cerrada, y dispusieron una multa diaria de cinco pesos dólares en caso de desobediencia. En PepsiCo dicen que no hay dónde reincorporar a nadie ya que dan por desalojada y cerrada la planta.
Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, que conduce Jorge Triaca, aseguraron que las negociaciones están muy verdes aún y que se están evaluando alternativas sobre qué hacer con el lugar. Por el momento, la respuesta del Gobierno ante las diversas manifestaciones fue la represión.
Los trabajadores estarán acompañados por organizaciones políticas, gremiales y sociales. Uno de los actores sindicales que movilizará es la CTA autónoma.
En ese marco, la central sindical alertó: Es un nuevo intento del gobierno nacional de suplantar la justicia laboral y la instancia de mediación y diálogo, que debería sostener el Ministerio de Trabajo según la Ley de Empleo 24.013, por el fuero penal y sus magistrados, quienes actúan como gerentes de las multinacionales y no como garantes de los derechos de ciudadanos y trabajadores.
