Tarifazos injustificados, ganancias millonarias, escasas inversiones y casi nulos controles. Esas son las principales conclusiones del informe que publicó hoy la Subsecretaría de Energía bonaerense y que analiza cómo operaron las empresas distribuidoras de luz eléctrica en la provincia bajo el gobierno de María Eugenia Vidal.
La cartera, que conduce Gastón Ghioni y que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, analizó la última Revisión Tarifaria Integral (RTI) y el cumplimiento de las inversiones comprometidas por parte de las compañías EDEN, EDEA, Edelap, EDES, entre los años 2016 y 2019. Todas pertenecen al grupo DESA, liderado de Rogelio Pagano. Actualmente, las tarifas están congeladas hasta diciembre y hay un proceso de negociación con las prestatarias.
La primera conclusión a la que llega el informe de 203 páginas realizado por el gobierno de Axel Kicillof es que «se autorizaron aumentos injustificados de las tarifas de energía eléctrica que no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas».
Los ajustes tarifarios que aplicaron las compañías con autorización del Estado provincial representaron subas de entre 2 mil y 3500% en la factura de los usuarios en los últimos tres años. Sin embargo, este aumento no se vio reflejado en mayores inversiones en la red de distribución, ni en la ejecución de obras.
Según se detalla en el trabajo, las empresas debían realizar inversiones por 12.092 millones de pesos pero sólo cumplieron con el 48% de ese monto. Y además no hubo un cronograma de ejecución de las obras pautadas, ni sanciones por incumplimiento. También se detectaron «errores metodológicos» en los informes aprobados por el gobierno sobre las inversiones de las empresas.
Desde el gobierno advirtieron que el fuerte incremento de las tarifas y el bajo nivel de inversión y mantenimiento de la red redundó en un crecimiento sostenido de las ganancias de las distribuidoras eléctricas. Según precisa el informe al que accedió Tiempo, las cuatro empresas distribuidoras aumentaron sus ganancias entre 498% y 644% entre los años 2015 y 2018.
En el caso de EDEN, que opera en el norte de la provincia, las ganancias subieron de 10,1 millones de dólares a 60,1 millones. EDES, que presta el servicio en el sur, pasó de ganar 3,4 millones en 2015 a 25,3 millones de dólares en 2019. EDEA, que suministra energía en la región Atlántica, pasó de 0,7 millones a 75 millones. Edelap, que opera en la región de La Plata, pasó de una pérdida de 23,4 millones de dólares en 2015 a una ganancia de 56,1 millones en 2018.
«Los mayores resultados, lejos de destinarse a mejoras en la red se vieron reflejados en el crecimiento sustancial de los dividendos distribuidos, los cuales acumularon un monto de 309 millones de dólares entre 2016 y 2019», acotaron desde la Subsecretaría de Energía.
El informe también denuncia que no hubo casi controles sobre las empresas durante la gestión de Cambiemos. El Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), que debe cumplir esa función, sólo realizó el 3% de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10 % de las comerciales. «Tampoco se implementó por parte de la autoridad de aplicación la contabilidad regulatoria, herramienta fundamental de control sobre la gestión de las empresas», agregan.
Desde el gobierno sostuvieron que «el modelo de tarifas altas para usuarios no significó una mejora en la calidad de la prestación del servicio». Y agregaron que «si a eso se suma un Estado que abandonó su función de control. El resultado fue una ganancia millonaria para las empresas distribuidoras de energía eléctrica y un claro perjuicio para los habitantes de la provincia».
La cartera, que conduce Gastón Ghioni y que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, analizó la última Revisión Tarifaria Integral (RTI) y el cumplimiento de las inversiones comprometidas por parte de las compañías EDEN, EDEA, Edelap, EDES, entre los años 2016 y 2019. Todas pertenecen al grupo DESA, liderado de Rogelio Pagano. Actualmente, las tarifas están congeladas hasta diciembre y hay un proceso de negociación con las prestatarias.
La primera conclusión a la que llega el informe de 203 páginas realizado por el gobierno de Axel Kicillof es que «se autorizaron aumentos injustificados de las tarifas de energía eléctrica que no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas».
Los ajustes tarifarios que aplicaron las compañías con autorización del Estado provincial representaron subas de entre 2 mil y 3500% en la factura de los usuarios en los últimos tres años. Sin embargo, este aumento no se vio reflejado en mayores inversiones en la red de distribución, ni en la ejecución de obras.
Según se detalla en el trabajo, las empresas debían realizar inversiones por 12.092 millones de pesos pero sólo cumplieron con el 48% de ese monto. Y además no hubo un cronograma de ejecución de las obras pautadas, ni sanciones por incumplimiento. También se detectaron «errores metodológicos» en los informes aprobados por el gobierno sobre las inversiones de las empresas.
Desde el gobierno advirtieron que el fuerte incremento de las tarifas y el bajo nivel de inversión y mantenimiento de la red redundó en un crecimiento sostenido de las ganancias de las distribuidoras eléctricas. Según precisa el informe al que accedió Tiempo, las cuatro empresas distribuidoras aumentaron sus ganancias entre 498% y 644% entre los años 2015 y 2018.
En el caso de EDEN, que opera en el norte de la provincia, las ganancias subieron de 10,1 millones de dólares a 60,1 millones. EDES, que presta el servicio en el sur, pasó de ganar 3,4 millones en 2015 a 25,3 millones de dólares en 2019. EDEA, que suministra energía en la región Atlántica, pasó de 0,7 millones a 75 millones. Edelap, que opera en la región de La Plata, pasó de una pérdida de 23,4 millones de dólares en 2015 a una ganancia de 56,1 millones en 2018.
«Los mayores resultados, lejos de destinarse a mejoras en la red se vieron reflejados en el crecimiento sustancial de los dividendos distribuidos, los cuales acumularon un monto de 309 millones de dólares entre 2016 y 2019», acotaron desde la Subsecretaría de Energía.
El informe también denuncia que no hubo casi controles sobre las empresas durante la gestión de Cambiemos. El Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), que debe cumplir esa función, sólo realizó el 3% de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10 % de las comerciales. «Tampoco se implementó por parte de la autoridad de aplicación la contabilidad regulatoria, herramienta fundamental de control sobre la gestión de las empresas», agregan.
Desde el gobierno sostuvieron que «el modelo de tarifas altas para usuarios no significó una mejora en la calidad de la prestación del servicio». Y agregaron que «si a eso se suma un Estado que abandonó su función de control. El resultado fue una ganancia millonaria para las empresas distribuidoras de energía eléctrica y un claro perjuicio para los habitantes de la provincia».
