Mañana recién se cumplirá una semana de la jura de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis. Este primer encuentro con el Ministerio Nacional le dio apenas un pantallazo de los nudos que deberá desatar para apaciguar conflictos.
La decisión de aplicar la segmentación de luz y gas y diseñar el formulario para mantener la tarifa sin actualizaciones, parece una política de resolución urgente, si se considera cuánto crecieron las erogaciones del Estado dedicadas a subsidiar los servicios. La subvención estatal en tarifas energéticas se disparó un 87 % interanual, último dato a junio, según un informe del Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (GERES). El motivo principal radica en el alza de precios de los combustibles a nivel global, sumado a la demanda energética creciente. Es más: en términos reales, descontada la inflación, el incremento en los subsidios a la energía fue un 14,5 %mayor a la del mismo mes en 2021.
Además, según Sol Gonzalez de Cap, economista de Misión Productiva, el volumen de subsidios también se explica por la primera mitad del año «y sus condiciones hidrológicas muy negativas, bajantes en el Paraná, el Uruguay, poca agua en el Comahue. Eso hizo que se necesite más generación térmica que coincidió con una suba del GNL, el fueloil y el gasoil».
«Hay una buena parte de la sociedad argentina que hoy está en condiciones de afrontar el pago completo de los servicios que está recibiendo», aseguró Batakis el miércoles pasado. La funcionaria también ratificó al equipo de la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, que responde políticamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, Santiago López Osornio, quien tenía delegada la tarea de instrumentar el plan de segmentación y el formulario bajo la Subsecretaría de Planeamiento Energético, renunció esta semana y su relevo en el puesto no fue designado oficialmente.
Respecto de la eficacia de la segmentación, Julian Rojo, integrante del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE), determina que es «tardía, ineficiente y errónea» y que «indefectiblemente habrá otro ajuste de tarifas» agregado al de marzo y junio, porque el diseño de la segmentación «implica atraso tarifario». «El 90% de la demanda va a tener aumentos por debajo de los salarios, que van por debajo de la inflación que, a su vez, va por debajo de los costos de prestación de los servicios energéticos.» alerta el especialista.
Inicialmente, la quita de subsidios regiría de manera retroactiva a junio sin distinción en la población y, por ello, se habilitaría una declaración jurada, donde el usuario deje asentado que su situación patrimonial y de ingresos solicitada para la actualización -que podría superar el 300%- no es alcanzada y así solicitar su reposición. El segmento de ingresos altos sufriría una reducción gradual hasta alcanzar la tarifa plena, hacia fines de 2022. De todos modos, aún no hay directrices claras ni tampoco precisiones sobre el proceso administrativo con los entes reguladores para aplicar la segmentación.
Respecto de la naturaleza de la medida retrasada y los fines que persigue, para Juan José Carbajales, exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación, aún «no está claro para qué se pretende hacer». “Servirá solo para aminorar el impacto fiscal de las transferencias del Estado? ¿Queremos que los usuarios adviertan cuál es el costo real de la energía, o solo procuramos alinear las cuentas públicas al acuerdo con el FMI? Y una más: ¿Dónde estamos dispuestos a fallar? ¿En la insensibilidad de dejar a alguien sin ayuda estatal aunque lo merezca, o en el dispendio de subsidiar a alguien que no lo necesita?», se pregunta.
Para 2022, el Presupuesto relanzado contempla una reducción del déficit fiscal al 2,5% del PIB. Ninguna de las figuras consultadas por Tiempo aseguran que este proyecto aporte significativamente a esta reducción. «Hoy los subsidios a la energía suman U$S 13.500 millones en 12 meses, eso es cerca del 3% del PBI y explica casi todo el déficit fiscal. Es una carga excesiva, regresiva y poco distributiva.», concluye Rojo. «
Podrían incluir el consumo
Por más que la reglamentación de la segmentación contemple el criterio patrimonial y de ingresos, definido por los ex funcionarios Martín Guzmán y Santiago López Osornio, Batakis admitió en declaraciones radiales que combinar el criterio por consumo también le parecía una buena idea. La lógica bajo esta premisa es reducir el consumo en un marco de transición a las energías renovables. Sin embargo, el principal argumento contra este ítem es que un elevado porcentaje de la población utiliza deficientes aparatos eléctricos que insumen importantes cantidades de energía. El debate es extenso pues, como explica Gonzalez de Cap, la energía está subsidiada en la misma proporción en todo el territorio nacional y la disparidad en la boleta “se da por los mayores costo que tiene la distribución energética en las provincias y otros factores de las distribuidoras”
