Con el número justo el oficialismo de la Cámara de Diputados logró empezar a debatir el proyecto de ley que establece el Presupuesto para la administración pública nacional de cara al 2023. Con más de 100 oradores, se estima que la iniciativa se aprueba por la madrugada en general, pero llevará tiempo el debate de algunos articulados en particular que generan tensiones entre oficialistas y opositores.

El bloque Pro de la Cámara de Diputados ya anticipó que no acompañará y se abstendrá de la votación del Presupuesto 2023, mientras que la Coalición Cívica ya anticipó que votara en contra. La sesión comenzó casi a las 14 horas, el Frente de Todos contó con el apoyo de sus habituales aliados del interbloque Provincias Unidas: los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo; y los misioneros Diego Sartori y Eduardo Fernández.

Además, bajaron al hemiciclo los dos miembros del bloque SER: el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Claudio Vidal. También los legisladores de Evolución Radical: Emiliano Yacobitti, Danya Tavela, Carla Carrizo, Dolores Martínez, Gabriela Brouwer de Koning y María Victoria Tejeda. Sin embargo, la gran parte del interbloque Juntos por el Cambio no aportó al quórum; como tampoco Identidad Bonaerense y Córdoba Federal, ambos del interbloque Federal.

En tanto en el bloque del Frente de Todos, que preside Germán Martínez, le faltaron cuatro al momento del quórum, entre ellos Máximo Kirchner.

Entre los articulados hay cuatro que resultan polémicos y que tienen final abierto. Sin dudas la eliminación de la exención en el impuesto a las Ganancias para jueces y empleados del Poder Judicial que ingresaron a la justicia antes del 2017. Además, la iniciativa, tiene un artículo que propone recuperar el manejo de las retenciones a las exportaciones del agro.

En tanto otro tema polémico fue la inclusión de un artículo que beneficiará a un grupo de afiliados al gremio de Camioneros ya que modificará el esquema de deducciones del impuesto a las Ganancias para los trabajadores de ese sector y que aliviará la carga tributaria sobre sus salarios.

Otra modificación conflictiva fue la incorporación – por pedido de los diputados de Tierra del Fuego sin distinción política- de una suba de impuestos internos a los productos electrónicos: se eleva del 6,5% al 10% en el caso de los nacionales; y del 17% al 19% en el caso de importados.

Sin dudas incorporar a un sector de la justicia a que pague el impuesto a las ganancias es el foco del debate en el recinto. El responsable de la incorporación del artículo en el Presupuesto, el diputado del FDT Marcelo Casaretto manifestó: “Hace un año y medio presenté un proyecto para eliminar la exención de Ganancias para jueces en Argentina. Hoy tenemos la posibilidad de incluirlo dentro del Presupuesto 2023. Todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley.

Sin embargo, en el mismo espacio, la oficialista Vanesa Siley, que también se desempeña como secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (FE-Sitraju), adelantó que votará en contra de que el Poder Judicial pague Ganancias.

En ese sentido, expresó: “Redistribución de la riqueza es cuando lo sacamos del capital y se lo damos al trabajo. Como trabajadora y como hija de laburantes, peronista y creyente en la movilidad ascendente, creo que no hay que considerar nunca más que el salario es ganancia. No podemos fallarle a los nuestros, no podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”.

Desde el Interbloque Federal, Graciela Camaño adelantó que su espacio político votará en contra. “El tema está harto superado porque en el año 2016 y 2017 cuando legislamos ajustados a la Constitución respecto al impuesto a las ganancias del Poder Judicial lo hicimos en el consenso de todos los bloques y a instancias del Frente de Todos. La solución que ofrece el impuesto a las ganancias para los jueces que ingresan fue la solución votada por el FDT, díganme que cambió”.

En el transcurso de la sesión, el PRO planteó mediante un comunicado: “Estamos absolutamente en contra de algunos artículos y es por ello que en la votación en particular nos opondremos a delegar en el Poder Ejecutivo el aumento de las retenciones, la creación de zonas aduaneras especiales, y en general de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo”.

También señalaron que no permitirán que “el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplinamiento del Poder Judicial. Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se dé en la ley de presupuesto. Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado, durante el gobierno del presidente Macri, una ley para que los jueces comiencen a tributar Ganancias. Y consideramos que, si persisten otras inequidades tributarias que afectan a otros miembros del Poder Judicial no amparados por la intangibilidad del artículo 110 de la Constitución Nacional, las mismas deben ser debatidas y corregidas en una ley especial”.