Mientras en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación se frenó el proyecto del PRO de ficha limpia, en el resto de las provincias avanzan iniciativas para impedir que personas condenadas por corrupción puedan ser candidatas a cargos electivos, a la vez que se amplía a cargos ejecutivos.

Más allá del impulso nacional que le ha dado el espacio amarillo que lidera Mauricio Macri, Ficha Limpia es una iniciativa ciudadana que logró calar hondo en varios puntos del país. En Casa Rosada no reconocen que se intervino para ordenar que parte del bloque libertario no esté presente el día del debate en la Cámara que preside Martín Menem. Esto generó rispideces con sus aliados, ya que la aprobación del proyecto de ley que le podía impedir a Cristina Fernández de Kirchner ser candidata, volvió a quedar frustrada.

Sin acuerdo con los gobernadores por el Presupuesto 2025 de por medio, los aliados denunciaron que el objetivo del gobierno es mantener viva la polarización electoral con la ex presidenta. De todas maneras, también debe pasar por Senado.

En el ámbito federal en varias provincias ya está implementada la norma. Según un relevamiento del proyecto ciudadano Vuelta de Rosca, la primera en aprobarla fue la Legislatura de Chubut en el año 2020, luego le siguieron Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe y este miércoles el parlamento de Río Negro, en el marco de sesiones extraordinarias, la convirtió en ley por amplia mayoría con 36 votos positivos y 5 negativos.

La iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck establece que las personas con condenas por delitos dolosos en segunda instancia puedan acceder a candidaturas a cargos públicos electivos o designaciones en cargos partidarios. La norma modifica los artículos 83° y 147° de la Ley O N° 2431, Código Electoral y de Partidos Políticos. En el debate, más de un legislador cuestionó la decisión de diputados nacionales de no dar quorum, lo que calificaron de “falta de respeto”.

Ficha limpia en puerta

Ahora se espera que el 27 de diciembre se trate en la Legislatura de Córdoba, mientras que recientemente el proyecto fue presentado en Neuquén por el bloque del PRO y en Tierra del Fuego por Natalia Jañez, vicepresidenta de la Fundación Moisés Lebensohn. Allí tomó estado parlamentario la semana pasada.

En diálogo con Tiempo, Miguel Siciliano, presidente del bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba descontó que el proyecto se convierta en ley en la Legislatura provincial que es unicameral. “Tenemos el número para aprobarlo” indició, al tiempo que explicó que la iniciativa cuenta con el apoyo del gobernador cordobés Martín Llaryora y con el respaldo del bloque radical, que es la primera minoría parlamentaria.

Siciliano cuestionó que no se le diera tratamiento a nivel nacional en el recinto de Diputados: “Es una lástima que no se haya podido dar una discusión que la gente está solicitando. Hay declamaciones de la boca para afuera contra la corrupción, pero en el accionar nos encontramos con este panorama”, señaló.

En todas las provincias, los requisitos que establece la redacción son diferentes. Por ejemplo, en cuanto a la condena, en Mendoza se establece que tiene que ser en primera instancia, mientras que en el resto se toma en segunda. “Si bien Chubut fue la primera provincia en la que se aprobó para los cargos electivos, Mendoza fue más allá y amplió el alcance de la norma para todos los poderes del Estado”, explicaron desde Vuelta de rosca.

Recientemente, la legislatura chubutense volvió a sancionar una ley replicando a Mendoza e incorporando la Ficha Limpia para los cargos públicos no electivos. Además, hay más de 100 municipios que implementaron la medida, ya sea por ordenanza o por adherir a la norma provincia.

Nueva idea de ficha limpia

En la legislatura mendocina se convirtió en ley este miércoles un proyecto presentado por el gobierno de Alfredo Cornejo para que docentes y personas vinculadas a la educación tengan que tener ficha limpia. La iniciativa tiene como objetivo «fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en las instituciones escolares mediante la prohibición del ingreso o permanencia de personas con antecedentes penales relacionados con delitos graves».

Según explicó la presidenta de la comisión de Educación del Senado, Mariana Zlobec, se prohibirá que personas con antecedentes penales por delitos graves, como los cometidos contra la integridad sexual, la libertad, la identidad o la malversación de fondos públicos, puedan ocupar cargos como docentes, celadores o personal administrativo.