El 1 de Marzo, mientras repasaba los detalles de su segundo discurso inaugural de sesiones legislativas, el presidente Mauricio Macri recibió una noticia que lo exasperó: el fiscal federal Jorge Di Lello había pedido su imputación por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino. En términos más coloquiales: por «El Caso Avianca».

Para martirio del presidente, la causa suele ganar impulso en momentos inoportunos. Esta semana, mientras el gobierno festejaba el desfile de celebridades K por tribunales y presidios, el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) anunció un nuevo hallazgo, los Paradise Papers. Y como ocurrió con sus antecesores, los nombres que gotea el Consorcio se deslizan hacia la Casa Rosada.

La saga inició con la revelación de sociedades vinculadas a los ministros Luis Caputo y José Aranguren (ver aparte), pero el jueves surgió una novedad que puede reactivar la causa que involucra al presidente: Avianca compró MacAir -la línea aérea del clan Macri- e ingresó a la Argentina envuelta en una compleja trama de sociedades offshore.

Según revelaron los Paradise Papers, en el trámite de asignación de rutas, el Estado argentino aceptó como aval económico una offshore panameña que escondía más de 20 firmas radicadas en paraísos fiscales. Para hacer pie en el país, Avianca asumió la propiedad de MacAir Jet, la empresa de aviones del clan Macri. Los papeles filtrados del estudio Appleby indican que la ruta del dinero inicia en Synergy Trust (un fideicomiso), que es dueña de Synergy Group (Panamá), que a su vez controla Synergy Aerospace Corp (Panamá), propietaria del 51% de Avianca Holdings, controlante de las líneas aéreas Avianca y TACA.

Para operar en la Argentina, la compañía aérea –que en principio no operará como la «low cost» que prometió ser– presentó a Synergy Aerospace Corp (Panamá) como aval económico en el expediente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), encargado de otorgar las rutas. El organismo, está claro, consideró que no tenía nada que objetar. Y entregó las llaves del negocio por el que investigan al presidente.

En su dictamen de imputación, el fiscal Jorge Di Lello consideró que había indicios suficientes para acusar a Macri y a otra media docena de funcionarios. Su requerimiento pide, entre otras cosas, que se investigue cómo fue la supuesta compraventa de Mac Air a Avianca, origen del desembarco. Al fiscal, según escribió, le llama la atención que el gobierno le diera impulso al ingreso de nuevas compañías aéreas, justo después de que se efectivizara la venta de la firma familiar. Y que la continuadora mantuviera a los directivos que pasaron décadas dentro del clan.

En marzo pasado, el periodista Carlos Romero reveló en Tiempo los pliegues ocultos de esa transacción. En los papeles, la sucesora de MacAir es Avian Líneas Aéreas, controlada, a su vez, por Avian Holdings SA. Creada el 28 de junio de 2016 –es decir, un mes después de que MacAir cambiara de nombre–, allí figura como accionista el magnate brasileño-colombiano Germán Efromovich, dueño de la colombiana Avianca y cara visible de Avianca. Pero Efromovich no está solo en Avian Holdings. Si bien posee la mayoría accionaria, el magnate ocupó el cargo de director suplente, mientras que la presidencia quedó en manos de su único socio, Matías Ignacio Carvajal.

En el mismo dictamen donde solicitó suspender preventivamente las concesiones e imputó a Macri, el fiscal Di Lello citó como testigo a Carvajal, un empresario argentino de 57 años desconocido para el gran público, pero de trato frecuente con el poder.

El historial comercial de Carvajal lo conecta con Pablo Clusellas, secretario legal y técnico del gobierno, amigo de la infancia del presidente y antiguo apoderado de MacAir. En 2007 juntos fundaron, por caso, Money Controls Argentina, una firma dedicada a los «equipos de manejo de dinero, incluyendo aceptadores de billetes». Carvajal compartió directorio con la abogada María José Duffau, integrante de Romero, Zapiola, Clusellas & Sluga, el estudio montado en 2009 por el secretario legal de la presidencia.

En 2016, los Panamá Papers revelaron que al menos hasta 2008 Clusellas fue intermediario de Socma –la firma estandarte del clan Macri– con Mossack-Fonseca, el buffet experto en la creación de sociedades en paraísos fiscales, como las atribuidas al presidente y a otros miembros de su círculo íntimo.

Esta semana, los diputados K Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, denunciantes del caso, pedirán al fiscal Di Lello que incorpore las revelaciones de los Paradise Papers al expediente. Y que requieran datos de otras causas donde se investiga a Macri y a su entorno por presuntas maniobras de opacidad fiscal. «

Dos ministros con prontuario offshore

Como ocurrió con los Panamá Papers, los argentinos que surgen de la nueva mega filtración apuntan a la Casa Rosada.

El primer nombre que surgió de de las nuevas listas fue el del ministro de Finanzas, Luis Caputo. Según los papeles, el funcionario manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, inscripto en el paraíso fiscal de las islas Caimán. También administró Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de Miami con ramificaciones en Delaware.

Luego surgió el nombre del titular del ministro de Energía, José Aranguren. Ex CEO de Shell, el funcionario fue director de al menos dos empresas offshore. El detalle: con Aranguren en el ministerio, una de esas sociedades ganó 13 licitaciones para proveer gasoil al Estado por US$ 240 millones.