Los organismos de Derechos Humanos difundieron un documento en que le exigen al Poder Ejecutivo la inmediata separación de Patricia Bullrich de su cargo de ministra de Seguridad, como consecuencia de sus últimas declaraciones, donde no solo reivindica la doctrina Chocobar sino que además calificó como “construcciones” las causas de Luciano Arruga, Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.
“Advertimos que la ministra ha incurrido en prácticas contrarias a los principios más elementales en materia de seguridad democrática, desde el principio de su gestión, avalada por el propio presidente Mauricio Macri. Ha argumentado groseramente a favor del accionar de las fuerzas de seguridad a su cargo, en diversos hechos de violencia estatal acaecidos a lo largo y ancho del país, tomando decisivo partido a favor de distintos miembros de esas fuerzas, implicados en graves hechos”, comienza diciendo el comunicado firmado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS Capital, y otras agrupaciones.
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Patricia Bullrich dijo el viernes en una entrevista: “El caso Chocobar es un claro ejemplo de cómo deben actuar las fuerzas policiales en cumplimiento de su deber. Lo que pasaba antes en la Argentina es que cuando un policía actuaba, independientemente de lo que hubiera hecho, aparecía un aparato ideológico con el CELS, Correpi, que lo condenaban por el solo hecho de ser policía. Con el caso Arruga se encontró la prueba de que nunca se lo había llevado la policía, que apareció en la General Paz porque lo había atropellado un auto y que estaba como NN enterrado. Arruga fue una construcción, como quisieron hacer con el caso Maldonado”.
En ese contexto, los organismos de Derechos Humanos solicitan que Patricia Bullrich sea separada de su cargo, porque “el cambio de paradigma que la ministra reivindica como política de su gestión constituye el peor retroceso sufrido en Democracia, después del indulto a los genocidas, y pone en serio riesgo al Estado de Derecho”.
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