El reclamo de los organismos de derechos humanos para que la unidad especial de investigación por apropiación de niños durante la dictadura y la procuraduría de crímenes contra la humanidad sean incorporadas al texto de la ley del nuevo Ministerio Público fue bien recibido en el Senado y quedó la puerta abierta a que se incorporen el resto de las unidades especiales.

Mientras que el ministro de Justicia Germán Garavano fue a defender el proyecto de modificación del ministerio público fiscal, Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, le llevaron al titular de la comisión de Justicia, Pedro Guastavino, el reclamo para que no desaparezca de la ley las unidades especiales de investigación y las fiscalías relacionadas con la defensa de los derechos humanos, y lograron el compromiso de Miguel Ángel Pichetto, uno de los firmantes del proyecto y del oficialista Félix Martínez. 

No hubo dictamen ya que Guastavino argumentó que hoy se seguirán escuchando expositores. Se esperaba desde el oficialismo lograr un dictamen para que ya sea tratada la semana que viene en el Senado. 

Los organismos también lograron que senadores del oficialismo miraran con buenos ojos la incorporación expresa de estas unidades especiales de investigación que se ocupan de delitos complejos y crímenes de lesa humanidad, como la trata y el narcotráfico. Estas fiscalías y unidades especiales fueron creadas durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, que se encuentra bajo la lupa, ya que la intención del macrismo es reducir personal judicial. 

“Garavano dijo que los derechos humanos son política de Estado y entonces tienen que estar contemplados en la ley para que no haya riesgo. Queremos que esté expresamente previsto en la ley como está ahora”, enfatizó Alan Iud, abogado de Abuelas.

Respecto de la eliminación de procuradurías, Garavano opinó que “de ninguna manera elimina procuradurías, sino que le da la posibilidad -al procurador- de evaluar cuáles son las que se deben priorizar” y ante los cuestionamientos de Anabel Fernández Sagasti, negó que vaya a disolverse la procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Sin embargo, si no se incorporan en la ley, va a quedar “a criterio del próximo procurador, quien va a poder disponer por una resolución que este tipo de organismos no existan más, ya que no aparecen en la ley, no figuran”, explicó Iud. 

Mayorías absolutas

Otro de los tópicos más cuestionados del proyecto durante la reunión de hoy fueron las mayorías que se requieren del Senado para el nombramiento y remoción del procurador. El proyecto original propone la designación por mayoría simple, es decir, la mitad más uno, lo que ubicaría al candidato con sólo 38 senadores, a diferencia de los dos tercios que se necesitan con la ley actual. Garavano defendió este punto al sostener que “se requiere de mayorías más ágiles para la sucesión de esta figura importante”.

Sin embargo, las críticas se centraron en que la mayoría absoluta es muy coyuntural y el procurador quedará sujeto a responder a mayorías circunstanciales. Lo mismo sucedería con la remoción, ya que el funcionario, según el proyecto, puede ser suspendido por simple decreto del Poder Ejecutivo, lo que hace que sea dependiente del poder de turno.