La educación no es patrimonio ni tarea exclusiva de las escuelas, las universidades o los institutos específicamente dedicados a ella. Educan las familias y las instituciones democráticas con su ejemplo. Educan para bien o para mal los medios de comunicación a través de valores o disvalores. Todos somos también sembradores de cultura.
La cultura democrática no consiste solamente en elegir o ser elegido por el voto popular. Particularmente en nuestro país, hay que seguir educando desde la democracia para fortalecerla, desde las instituciones educativas y desde todos los poderes del Estado trabajando cotidianamente para mejorar la calidad institucional. Pero la democracia se debe enseñar para que nunca más se la violente, porque no se enseña a sí misma.
Las universidades son democracias en miniatura. Sus integrantes, estudiantes, docentes, trabajadores y en algunas universidades como la Universidad Nacional de Lanús, el representante del Consejo Social Comunitario, eligen democráticamente a sus autoridades.
Las universidades públicas no sólo forman profesionales, al decir de Arturo Jauretche, forman hombres y mujeres para la Patria. Por supuesto que formamos para defender la democracia, para la paz, para la justicia entre otros valores. Investigamos, innovamos científica y tecnológicamente y sembramos cultura.
Pero allí, en las universidades se formaron también quienes hacen política desde el Parlamento, desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Judicial, donde la mayoría hizo sus primeros pininos políticos.
Hace muchos años se decía que los políticos debían ser profesionales para mejorar la calidad institucional y la política. La mayoría de los políticos son ahora profesionales. Parecería que la profesión o la ilustración no garantizan la calidad democrática cuando se discrimina en la distribución presupuestaria. Nada tiene que ver con la justicia distributiva como la llamara Aristóteles para sostener el bienestar y la armonía de la polis o de la comunidad.
La casa de la democracia, de los representantes del pueblo como son los legisladores, debe educar con el ejemplo. La democracia no es inconsulta, no es entre pocos ni para pocos y menos aún a espaldas de quienes conocen las necesidades. De las necesidades surgen los derechos.
Hace también muchos años, con justa razón, la Cámara de Diputados exigió un modelo de pautas normativas para tener criterios justos y racionales a fin de distribuir el presupuesto de las universidades públicas. El Consejo Interuniversitario Nacional diseñó un modelo de pautas entre todas las universidades que año tras año se aplicó para la distribución de los recursos.
Sin embargo, en la última votación de la Ley de Presupuesto se distribuyeron 1028 millones de pesos del refuerzo anual entre 21 universidades y se discriminaron arbitrariamente otras 35 que no recibieron nada, a pesar de que varias de ellas ya habían declarado la emergencia económica y financiera.
Varias de las universidades nacionales que recibieron recursos habían firmado una carta solicitando que el presupuesto se distribuyera por pautas objetivas. Otras que recibieron recursos dicen desconocer el criterio por el cual se les asignó el refuerzo presupuestario. El Ministerio de Educación no avaló la planilla. Los que no recibimos recursos tampoco sabemos cuál fue el criterio para incluir o excluir universidades.
El criterio parecería la mano invisible del mercado. Varios rectores dicen que de esa manera no aceptan los recursos. Otros proponen hacer un fideicomiso y distribuirlos por pautas equitativas.
¿Por qué la democracia tiene un Instituto Nacional contra la Discriminación? En la Universidad Nacional de Lanús dicho Instituto tiene una sede. El INADI debe garantizar la no discriminación por parte de personas, instituciones públicas o privadas ya que discriminando se violentan los valores esenciales de la convivencia democrática.
El Senado tiene ahora la palabra. No puede el Congreso desconocer que no está enseñando la equidad, la no discriminación, la transparencia y la calidad de una democracia que tanto nos costó al pueblo recuperar, fortalecer y ampliar los derechos de todos los argentinos. <