Los intendentes, tanto de la Provincia de Buenos Aires como de diferentes puntos del país, avanzan en estrategias judiciales para sumar presentaciones que suspendan o directamente deroguen el Decreto 756/2018 que eliminó el Fondo Federal Solidario. En esa línea, la Federación Argentina de Municipios que preside la intendenta matancera Verónica Magario reunirá este miércoles a jefe comunales de todo el país para comenzar a generar una presentación judicial nacional desde la FAM.

Según supo Tiempo, una de las posibilidades que estudia la FAM consistiría en intentar equiparar la categoría del decreto de creación del «Fondo Sojero», derogado por el Ejecutivo, con el de una «Ley Convenio» donde, para avanzar en la derogación «tiene que haber un acuerdo entre el Poder Ejecutivo, las provincias y los municipios. Si no, hay que cumplir el convenio hasta que venza», aseguraron fuentes de la entidad a este medio. 

Desde la Federación remarcan que el Fondo Federal Solidario fue regulado en la Ley de Consenso Fiscal 27.429, de noviembre de 2017. En ese contexto, «en el sistema federal argentino, una ley nacional a la cual ratifican legislativamente todas las provincias y municipios, se denomina unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia como ‘Ley Convenio’ propia del ‘federalismo de concertación'», sostienen.

Plantean una analogía con el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que «…una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de esas contribuciones…». 

En ese marco, se analiza a fondo la acordada de la Corte Suprema que en noviembre de 2015 hizo lugar a la demanda de la Provincia de Santa Fe y declaró inconstitucional la deducción del 15% de coparticipación que le implementó el Ejecutivo.

En una parte de ese fallo, la Corte estableció que «…las leyes-convenio y los pactos que la componen no se encuentran en una esfera de disponibilidad individual de las partes, y sólo pueden ser modificadas por otro acuerdo posterior de la misma naturaleza, debidamente ratificado por las leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes».

Los alcaldes tienen previsto solicitar reuniones con diputados y senadores de ambas cámaras nacionales para discutir estrategias comunes.

En territorio bonaerense

Mientras tanto, en la Provincia de Buenos Aires, un grupo de jefes comunales peronistas del Conurbano terminaba de redactar en estos días una presentación conjunta con la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Guido Lorenzino, para impugnar en la Justicia la decisión del gobierno nacional de eliminar el Fondo.

Según supo Tiempo, alrededor de una veintena de intendentes respaldaría la iniciativa, y esperan que se sumen más. La lectura que tienen varios de los jefes comunales    es que «este modelo fracasó»  y que el gobierno, responsable de la crisis, carga sobre los municipios los costos de sus errores de gestión económica y política. Saben que la falta del Fondo Sojero paralizará las obras en marcha en las comunas o, en el mejor de los casos, obligará a los gobiernos distritales que conducen a emplear fondos propios para continuar los trabajos en marcha. Ante ese escenario, los intendentes acordaron, como mínimo, que no se opondrían a las movilizaciones o protestas que se generen por las obras paralizadas en sus distritos.  «