Legisladores e intendentes de Juntos por el Cambio salieron este jueves a rechazar el proyecto de ley impulsado por el Frente de Todos que le otorga «poder de policía» a los jefes comunales para que puedan controlar en sus distritos si se cumplen los acuerdos de precios fijados por la Secretaría de Comercio Interior, como parte de la batalla bonaerense contra la inflación.
La iniciativa, que pertenece al senador Francisco «Paco» Durañona y fue presentada en las últimas horas en la Cámara alta, permite a las comunas establecer distintos tipos de sanciones como apercibimientos, multas, clausuras y hasta quita de licencias y habilitaciones en caso de que detecten en supermercados y comercios de cercanía que no se cumplen las canastas acordadas por la cartera que conduce Roberto Feletti a nivel nacional o la ley de góndolas o si hay desbastecimiento.
«Si no se cumple la ley de góndolas o hay desabastecimiento por especulación y aquellos que remarcan por las dudas, ahí los municipios tendrán la facultad de poder actuar», explicó Durañona sobre el proyecto denominado «Precios Justos», que modifica la ley provincial de Defensa de los Consumidores. «No queremos abusos y para eso que mejor que la opinión de los vecinos y las áreas de inspección de los municipios», agregó.
El proyecto, que tomó estado parlamentario en la sesión de este jueves, busca ser una herramienta operativa en el combate provincial contra la inflación para ayudar a aplicar el «Programa de fiscalización y relevamiento de precios» que lanzó el gobernador Axel Kicillof la semana pasada, junto a una serie de medidas para abaratar el costo de los alimentos.
El oficialismo tiene un escenario complejo en el Senado para aprobar el proyecto ya que los dos bloques están en paridad con 23 senadores cada uno. Juntos ya anticipó que no lo votará y tanto legisladores como jefes comunales salieron a anunciar que no van a realizar ningún control de precios en los distritos.
El jefe del bloque de senadores de Juntos, Christian Gribaudo, adelantó el rechazo de la bancada y aseguró que se trata de «una vieja receta» que ya fracasó. «No entiendo cómo creen que con esta iniciativa empoderan a los intendentes, que por el contrario están socorriendo a los comerciantes muchos de los cuales se vieron afectados por las medidas restrictivas que este gobierno adoptó durante la pandemia y asfixiados por la enorme carga impositiva», señaló.
Los intendenets opositores también salieron casi a coro a rechazar la iniciativa. Uno de los primeros fue el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. «No vamos a perseguir comerciantes. Que combatan en serio la inflación en lugar de culpar a los que laburan», señaló en sus redes sociales.
El jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti, también saltó contra el proyecto y envió un mensaje a los comerciantes de su distrito. «Quiero decirles a los mas de 6 mil comerciantes de Lanús, que este intendente ni ningún agente municipal van a perseguirlos ni cerrar ningún comercio de barrio. El Frente de Todos esta desesperado porque no sabe como contener la creciente inflación», afirmó.
En la misma línea, el intendente de La Plata, Julio Garro, sostuvo que el control de precios es «una receta que ya fracasó» y que «la inflación es un problema macroeconómico de origen monetario, no micro de cuidar el precio de algunos productos». En tanto que el jefe comunal de Pinamar, Martín Yeza, también anunció que no moverá un inspector para controlar precios. «Efecto palacio: pedirle a los intendentes que salgamos a clausurar los comercios de nuestros vecinos, como si fueran ellos los causantes de la inflación», ironizó desde Twitter.
Durañona salió al cruce de la oposición y les recordó que, en 2020, votaron este mismo proyecto por unanimidad en el Senado bonaerense. Ese expediente finalmente se trabó en la Cámara de Diputados donde no logró consensos y perdió estado parlamentario, por eso ahora el legislador lo volvió a ingresar.
«La misma Ley, con las mismas palabras, fue apoyada y votada por unanimidad en el Senado Bonaerense el año pasado, por legisladores de JxC. ¿Se arrepintieron?», los chicaneó y le aclaró a los intendentes que «hace un siglo que los municipios tienen facultades para clausurar comercios si detectan irregularidades».
