Los principales dirigentes sindicales que operan por fuera de la conducción formal de la CGT decidieron comenzar el año con el anuncio de un cronograma de movilizaciones que se llevarán a cabo durante los jueves de enero y que comenzarán en la Ciudad de Buenos Aires y seguirán en Rosario, Mar del Plata y Mendoza. Las protestas, que están convocadas en primer término contra el tarifazo, servirán como precalentamiento para el combate de fondo que volverá a ser la reforma laboral.

En la conferencia de prensa que se desarrolló el último jueves en la sede de la CTA de los Trabajadores en la que estuvieron presentes los titulares de ambas de CTA- Hugo Yasky y Pablo Micheli- junto a Pablo Moyano, quedó claro que no sólo se realizarán movilizaciones en enero sino que febrero y marzo también serán meses de intensa actividad sindical.

Tanto Yasky como Moyano se refirieron a la reforma laboral que impulsará el gobierno a pedido del FMI. Ambos advirtieron que la lucha se dará en la calle y señalaron que van a volver a articular con la oposición parlamentaria, tanto para frenar el tarifazo como para que no avance la flexibilización laboral.

 Desde el oficialismo aseguran que intentarán poner la reforma laboral en debate ni bien se abra un nuevo período de sesiones ordinarias. Lo cierto es que más allá de esa intención, no hay chances ciertas de que una reforma laboral sea aprobada en su totalidad en 2019. En primer lugar, porque el oficialismo no tiene el número y debe lograr acuerdos para garantizar la mayoría, algo que parece complejo en un año plagado de comicios en todo el país. Segundo, porque aún tiene vigencia el acuerdo entre la CGT y el bloque del peronismo federal en el Senado que marca la imposibilidad de aprobar cualquier norma que apunte contra los trabajadores sin el aval de la central obrera.

El propio secretario general de la CGT, Héctor Daer, descartó la posibilidad de que la reforma avance en el parlamento y minimizó las intenciones de Mauricio Macri y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. «En lugar de amagar con una reforma laboral que no va a pasar en el Congreso, el gobierno debería llamar de nuevo y reabrir esa instancia para discutir el piso del salario», disparó Daer y aprovechó para reiterar el pedido de la central obrera para que se convoque al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil.

La estrategia que utilizará el gobierno, como lo hizo mientras duró el mandato de Jorge Triaca y mientras existió el Ministerio de Trabajo, será intentar avanzar con los puntos que considera menos conflictivos, como el blanqueo laboral y la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria. El año pasado, cuando el moyanismo todavía formaba parte del Consejo Directivo, la CGT se había pronunciado a favor de los dos títulos pero había rechazado el resto de la reforma. La fractura interna de la central, con la salida de Juan Carlos Schmid del triunvirato, la profundización de la crisis económico y social, el debate por el aborto y la debilidad parlamentaria del oficialismo, fueron algunos de los condimentos que hicieron que ninguno de los textos fuera tratado en el Parlamento . «