El lunes 12 de junio, durante la asunción del nuevo canciller, Jorge Faurie, el presidente Macri salió con los tapones de punta contra la Justicia Laboral por considerar que esta “destruye la generación de empleo futuro”. Apenas tres días después los empresarios reunidos en IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) salieron a respaldar los dichos del primer mandatario.

Y profundizó: «Este grupo de estudios laboralistas, que son una minoría, con un grupo de jueces laboralistas conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina. Cuando convencen a un pibe o al trabajador de una pyme de que tienen que hacer un juicio y se lo hacen ganar porque tienen toda armadita la cosa dejan a 8, 10, 12 trabajadores en la calle porque la pyme cierra y dejan a un montón de gente sin la posibilidad de conseguir un trabajo porque tiene miedo de que su esfuerzo se le vaya en unos de estos comportamientos mafiosos».

En un comunicado, el grupo empresario que reúne a 450 grandes empresas denunció “una altísima litigiosidad, que desborda y excede la capacidad jurisdiccional del Estado generando así una excesiva morosidad en el tratamiento de las causas judiciales, rayana en la negación de Justicia, repercute en la tasa de desempleo y en el incremento del empleo informal”.

La alianza entre el Ejecutivo y los ejecutivos no es de extrañar. Por otra parte, Héctor Recalde, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, quien fue aludido directamente por el presidente en esa ocasión, escribió una carta abierta donde explica que por qué el presidente ataca a la Justicia Nacional del Trabajo, creada por Perón en 1944, y cómo esta avanzada es consistente con medidas como el no llamado a paritarias, la aplicación unilateral de un techo salarial inferior a la inflación, entre otras medidas.

Recalde enfatiza que el gobierno quiere traspasar estos juzgados a la CABA, donde tiene mayoría y además “quiere remover a los jueces que protegen derechos laborales contra los intereses del gobierno y sectores que este representa: ya pidió el juicio político a los dos camaristas que ordenaron cumplir la paritaria bancaria, a otros dos que ordenaron una reinstalación en la AFSCA y a una jueza que dispuso otra en Vialidad. Más allá del ‘efecto disciplinador’ hacia otros jueces, todavía no pudo removerlos; en la CABA ya los habría removido y el disciplinamiento sería mayor.

Los empresarios de IDEA no hesitan en echar la culpa de la desocupación a un “palpable y creciente desborde que se ha venido experimentando en la interpretación judicial (…) del Derecho del Trabajo, sumada a la sesgada designación de magistrados llevada a cabo durante la última década” en lugar de a las política económicas llevadas a cabo por el Estado. Y para finalizar irónicamente los acusa de poseer “una inadmisible carga ideológica con una total ausencia de objetividad”.