El presidente admite en su declaración jurada que tiene plata en un paraíso fiscal y un día después lanza una “amnistía fiscal” para los fugadores seriales de divisas como él y su familia. El anuncio, a su vez, lo enmarca en otro gran anuncio de alto impacto: el pago a jubilados con juicios contra el Estado por mala liquidación de haberes, en este caso con un impuesto que se les cobrará a los que repatríen sus capitales y, si hace falta, también con dinero disponible en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Es decir, habría una solución legal para los que desfinanciaron al fisco, produciendo el bache que perjudicó a los jubilados en los ‘90 y, en simultáneo, una supuesta reparación en cash para las víctimas, que será solventada por las arcas del Estado robustecidas por la supuesta recuperación de divisas. Visto así, en apariencia, cierra perfecto: los que tenían algo por cobrar lo van a cobrar –merecidamente- y la plata estará disponible, en teoría, porque sus anteriores victimarios la van a traer del exterior o van a introducirla al sistema financiero que antes evadían.

Después de seis meses de gobierno, Mauricio Macri pareciera ofrecer una solución práctica a un problema que aqueja en forma crónica al sector de jubilados y pensionados que debían cobrar más de la mínima y cuyas cajas fueron saqueadas por los funcionarios de la década neoliberal anterior y el sistema previsional que crearon con el Frankenstein de las AFJP mediante.

Pasaron diez o doce años. Hay juicios a montones. Con este proyecto, buena parte de los agredidos estarían en condiciones de resolver su pleito y cobrar lo que se les adeudaba. Ni el Panamá Papers, ni las mentiras del presidente en torno a sus empresas y cuentas off shore, todo quedaría mediáticamente en suspenso porque aparece algo finalmente de la plata robaba y la noticia oculta todo.

Todavía no se sabe si este plan será ejecutable, pero estamos en presencia de un gran gesto confesional: los que saquearon, vueltos a poner al comando del Estado que vapulearon con políticas de rapiña, ahora prometen subsanar el desaguisado por ellos mismos generado, si se les generan las condiciones para que no haya reclamo que los hagan desistir de su imprevista solidaridad.

La pregunta, detrás del anuncio que fue recibido con aplausos por los opinadores que ya conocemos y con alegría legítima por los litigantes, es si verdaderamente la plata la van a poner ellos, los fugadores, en un mea culpa de dimensiones históricas, o la seguirán poniendo los que siempre la ponen, aunque por otros canales. Independientemente del justo entusiasmo que envuelve a los beneficiarios, en su mayoría gente de edad que ha reclamado por lo propio mientras veían como les pasaba la vida, injusticia que no está en discusión, el universo en el que impacta la medida, estimable en casi dos millones de personas, aunque abultado, es minoritario en términos relativos si se piensa en la totalidad de los incluidos en el sistema previsional general.

No se tocan los haberes mínimos, sino aquellos que están entre los medios y los altos ingresos de la pirámide, que aunque son muchos, son los menos. El proyecto del oficialismo pretende cerrar así, con un anuncio explosivo, un capítulo del desfalco, pero no aclara ni dice de qué manera se resolverá en el futuro el pago de jubilaciones y pensiones si los presuntos repatriadores no lo hacen en volumen suficiente de dinero; o si el dinero que retorne, en vez de generar inversiones en producción, trabajo y nueva recaudación va a parar a la timba financiera eximida de tributos.

En el horizonte, lo que aparece, en verdad, es una amenaza solapada al FGS, integrado por las acciones de las empresas que el Estado tiene en su poder tras la estatización de las AFJP. La tentación oficial sería hacer líquido ese fondo, es decir, vender esas acciones y con eso liquidar, entre otras cosas, hay que decirlo, la deuda derivada por los juicios pendientes. Son 750 mil millones de pesos, siempre aproximadamente, contra 250 mil millones, que serían los pasivos judiciales a saldar.

Esa plata, hasta ahora, servía como reaseguro de las demandas generales del sistema, que se financia con aportes de activos pero también, y sobre todo, con dos impuestos, el IVA y Ganancias, que dependen del nivel de recaudación, que a su vez depende del funcionamiento positivo de las variables económicas.

El FGS sostenía la posibilidad de hacer frente a los aumentos semestrales del sistema de todos los beneficiarios, desconectándolo de los ciclos con altibajos de la economía. Es más, ese dinero fue, hasta la llegada del macrismo a la administración estatal, a fondear planes anticíclicos (el Pocrear, el Progresar, Procreauto, la AUH, el Ahora 12) que sostuvieron el nivel actividad, la tasa de empleo y la recaudación necesarios para pagar los haberes de la totalidad de los pasivos, los de más bajos ingresos y también los de mayores ingresos, garantizando previsibilidad y cobertura general: hoy, en la Argentina, el 97 por ciento de personas en condiciones de jubilarse recibe algún haber después de una vida de trabajo.

No estaba destinado, nunca lo estuvo, a pagar los juicios en su totalidad. Porque en la teoría y la práctica del gobierno anterior, que recompuso el sistema previsional hasta hacerlo sustentable, primaba la idea de la solidaridad intergeneracional y la intervención estatal para mantener la gallina de los huevos de oro, que no es ningún encaje bancario o la financiarización, sino altos niveles de producción, consumo y empleo.

Esta idea se la puede discutir largamente, porque en ella subyace algún grado de injusticia para con algunos, pero fue una idea que trajo beneficios al conjunto e hizo viable el sistema. La del macrismo, según su anuncio, es otra. Que viene a resolver los problemas de una parte (¿por qué habría desconocerse que alguien que tiene mal liquidado su salario, que fue saqueado en sus aportes, no tiene derecho a exigir una resolución favorable? En todo caso, el modo, si es virtuoso o no lo es, es lo que está en cuestión) y a generar imprevisión y hasta intemperie en el resto, aunque esto no lo diga nadie.

La sensación, en principio, es que el macrismo utiliza un reclamo justo como tapadera para disimular un mecanismo de blanqueo de dinero, que siempre tiende a generar rechazo entre los pagadores de impuestos en tiempo y forma. El uso de la resolución de los pleitos judiciales como escudo ante las críticas por el beneficio a los evasores es casi una obviedad, aunque no haya sido el enfoque de las coberturas periodísticas mayoritarias en la radio y la TV. La promesa de eliminación en tres años del único impuesto a la riqueza vigente, el de Bienes Personales, lo más parecido a un tributo de nación desarrollada, va en un único sentido: garantizarle al fugador arrepentido que el dinero que traiga al circuito legal no será importunado por la AFIP, porque el marco tributario será rediseñado de tal forma como para que sea lo suficientemente laxo a las pretensiones históricas del sector que fuga las divisas bajo mil excusas, y que el presidente tan bien representa.

Saldada la deuda con el sector litigante de los jubilados, lo que habría que plantearse es qué ocurre con el resto, que depende de la recaudación en una economía que tiende a reprimarizarse, a estancarse y a recaudar cada vez menos impuestos. Del mismo modo que habría que indagar sobre cuál sería el beneficio de los empoderados circunstancialmente con la actualización de sus haberes, en un contexto de devaluación y alza de tarifas que recortan sus capacidades reales de consumo y ahorro, en un país que vuelve a trazar una línea entre incluidos y excluidos a niveles noventistas.

Sin ánimo de ignorar que toda buena noticia merece ser festejada por los alcanzados en sus beneficios, lo que se tiende a avizorar, si se analizan las medidas del macrismo como un todo, es que hay en mente una nueva política previsional donde retornarían con fuerza las ideas que procuran derechos a los que individualmente puedan proveérselos y se margina a los que no. En teoría, claro. El sistema de AFJP comenzó así, supuestamente empoderando a los que individualmente podían pagarse una jubilación mejor y dejando al resto a la deriva.

Lo que pocos recuerdan es que todo terminó siendo una estafa, el gran negocio de un pequeño grupo de empresas y bancos, y que el único que estuvo ahí cuando quebraron y se quedaron con la plata de los abnegados aportantes al paraíso jubilatorio que prometían, el único que estuvo ahí para garantizarles un ingreso fue el Estado, financiado, entre otros, por los impuestos que también pagaban los excluidos con el 21% de IVA, mientras los fugadores seriales llevaban su plata a Bahamas. Esa que dicen, ahora, que van a retornar, para devolverles a los jubilados una parte de lo que les robaron. «