Luciano Laspina preside la comisión de Presupuesto y Hacienda que, desde el jueves, llevará adelante la discusión, y la segura modificación, del proyecto de ley ómnibus que anunció el presidente Mauricio Macri con la modificación de los haberes jubilatorios y, sobre todo, el polémico blanqueo de capitales. Entusiasmado, se arriesga a calificar la iniciativa de «revolucionaria», aunque admite que el ingreso al Parlamento del texto normativo abrirá un intenso debate.
Antes del anuncio, dijo que este es un proyecto revolucionario, ¿por qué?
Es un anuncio que no recuerdo haber escuchado o visto en la historia argentina. Es una reivindicación histórica, no se licua con el tiempo.
¿Todos estos incrementos anunciados quedarán atados a la ley de movilidad jubilatoria?
Absolutamente. Porque ajusta hacia atrás lo que no se había hecho antes en base a los fallos de la Corte y, de ahí en más, se actualiza dos veces al año como plantea la ley. Incluso le va a ganar a la inflación; es un aumento real que van a recibir millones de jubilados.
¿Eso corre también para la pensión universal a la vejez de los que no hicieron todos los aportes?
(Piensa) Efectivamente, también estará contemplada por la ley de movilidad y está destinado a todos aquellos que cuentan con la edad jubilatoria pero no tienen los aportes necesarios. Ahora estará establecido por ley con el equivalente al 80% de la jubilación mínima
¿Por qué sólo el 80%?
Porque no hizo todos los aportes y el que sí lo hizo tiene derecho a una jubilación plena. Lo bueno es que queda por ley una pensión a la vejez.
Esto implica una gran erogación del Estado, ¿corre riesgo el financiamiento de la ANSES que ya perdió, por ejemplo, el 15% que aportaban las provincias?
Será un esfuerzo muy grande. Estamos dispuesto a tomar esta decisión porque debemos cumplir con la ley pero también consideramos que el sistema previsional de reparto tiene que continuar y tiene que ser, obviamente, evaluado a lo largo del tiempo para garantizar su sustentabilidad. Pero para eso se necesita, además, que se incorporen entre 3 y 4 millones de trabajadores. Algo que no está sucediendo. Mire, nosotros vamos a trabajar en la formalización de ese 30 o 40% de trabajadores informales. Ese es el gran desafío. Nuestro compromiso está con esos trabajadores es imprescindible que se formalicen.
En el mientras tanto está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). ¿De ahí saldrá el dinero?
En principio, según nuestros cálculos, saldrá de los activos líquidos del FGS. Son unos 700 mil millones de pesos. Después será reforzado con los ingresos que produzca el blanqueo anunciado. Y si todo eso no alcanza se deberá poner del Tesoro
¿Cuando dice utilidades del FGS incluye a las acciones de las empresas que controla el Estado luego de estatizar las AFJP?
Me refiero a la rentabilidad que dan los activos del FGS, incluyendo los dividendos de las empresas. No estamos pensando como condición sine qua non deshacernos de esas acciones. Esa es una discusión que deberá dar el Congreso. Esto está pensado sólo para la rentabilidad líquida y operativa del FGS.
Usted sabe que la oposición buscará modificar el proyecto, ¿hasta dónde están dispuestos a corregir el texto?
Estamos obligados y comprometidos para abrir la discusión. Estamos dispuestos a discutir y, espero, a mejorar.
¿El blanqueo planteado no implica beneficiar a los evasores, como dijo el PRO en su momento cuando lo realizó el gobierno anterior?
Como innovación se le genera un premio a los cumplidores. A los evasores se le da una oportunidad para que se vuelva a invertir, pero antes deberán pagar algo relativamente caro en comparación con los otros blanqueos. Pero además hay premio a los cumplidores.
Prat-Gay dijo que los funcionarios pueden adherirse al blanqueo. ¿No es poco ético?
Si es dinero declarado no es ilegal. Habrá que ver si en la letra del proyecto se les permite blanquear a los funcionarios que quieran hacerlo. Lo que dice Prat-Gay es que los fondos a blanquear deben tener origen lícito. Si hubiera un funcionario con 10 millones de dólares y con 10 mil pesos de sueldo, salvo que tenga una industria o un negocio y lo pueda demostrar, podrá blanquear, pero al otro día tendrá una investigación judicial por corrupción e incluso es posible que no pueda blanquear.
El presidente podrá repatriar los fondos en el extranjero…
El presidente no está alcanzado porque la plata que tiene está declarada. Después se discutirá si la trae o no al país.«
