Los fiscales que acusan a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública de Santa Cruz tendrán mañana su primer orgasmo jurídico en público. Se convertirán en tapa de todos los diarios y portales de noticias con un pedido de penas que, en el caso de la expresidenta, necesariamente deberá ser alto, quizá de entre diez y 16 años de cárcel, y la accesoria de «inhabilitación perpetua» para volver a ejercer cargos públicos.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no pueden hacer otra cosa que pedir el máximo de la pena prevista para los delitos por los que acusan a la vicepresidenta y al resto de los imputados. A lo largo de ocho jornadas, repitieron una y otra vez que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron la planificación de un «saqueo» a «los escasos recursos del Estado». Que desde 2003 hasta 2015 los presidentes urdieron un mecanismo perverso que le hizo perder al Estado miles de millones de pesos que fueron a parar a sus propios bolsillos. En rigor, el alegato dice que el dinero de la obra pública –que según los fiscales no se concretaron y fueron «abandonadas»- terminó en las cuentas y las propiedades del empresario Lázaro Báez. Pero, según machacaron un centenar de veces, «Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández». Ergo, el dinero –según ese silogismo- era para el matrimonio presidencial.
En la octava audiencia, los fiscales forzaron el paso: mencionaron el Caso Gürtel (un esquema de financiamiento ilegal del Partido Popular –PP- en España) en el que fueron condenados dirigentes políticos con penas de hasta 51 años de prisión. Acaso crean los fiscales que las leyes argentinas son excesivamente benévolas…
Luciani citó jurisprudencia de la Corte Suprema para respaldar la acusación por «asociación ilícita», una figura creada para la persecución de organizaciones guerrilleras de los ’70 y discutida ahora por su aplicación en un contexto democrático. Entre los fallos que mencionó el fiscal apareció «Stancanelli». Es curioso: el fallo Stancanelli fue el que –con letra del exjuez Augusto Belluscio, designado por Raúl Alfonsín- estableció que un gobierno no puede ser una asociación ilícita y excarceló al expresidente Carlos Menem, quien había sido detenido por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Casi lo contrario de lo que se preconiza en la Causa Vialidad.
«Como esas hay cientos, miles. Los fiscales mintieron, reinterpretaron o tergiversaron hechos, testimonios, pruebas, secuencias. En algunos casos las mentiras fueron escandalosas. Y eso va a quedar claro cuando empiecen los alegatos de las defensas», anticipó un abogado defensor a Tiempo.
Cada uno defenderá a su cliente, pero varios además coordinarán la estrategia para responder una por una las imputaciones. Sólo esperan que sus alegatos tengan cobertura y despliegue similares a los de Luciani y Mola.
La audiencia de mañana será la última de las nueve destinadas a la acusación fiscal. ¿Cómo podrían llegar a la cuenta de 16 años de cárcel? Argumentando que existió un «concurso real de delitos», por lo que las figuras podrían sumarse aritméticamente: los diez años de la asociación ilícita más los seis de la defraudación.
Al pedido de condenas se le añadirá indefectiblemente el de una eventual suspensión de los principales derechos políticos no solo de la expresidenta 2007-2015 sino de todos los imputados. Uno de los delitos que se le imputan a CFK, «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», prevé penas de prisión de dos a seis años y precisa que «si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua». La normativa no da la posibilidad de esquivar la inhabilitación. No dice «podrá sufrir» (lo cual dejaría a criterio del juez si inhabilita o no) sino que establece que «sufrirá además» la inhabilitación. Es decir: primero cárcel y, cuando salga, si queda tiempo de vida y aún si hubiera una voluntad abrumadoramente mayoritaria para que el condenado ocupe un cargo público, no podrá hacerlo.
El término técnico no es «proscripción». Según el diccionario de la Real Academia Española, proscribir es «echar a alguien del territorio de su patria, comúnmente por causas políticas» o «excluir o prohibir una costumbre o el uso de algo». Acaso la tercera acepción sea la que más se acerque a la voluntad real de quienes empujan y sueñan con una condena: «Declarar a alguien público malhechor, dando facultad a cualquiera para que le quite la vida, y a veces ofreciendo premio a quien lo entregue vivo o muerto».
Acaso la incógnita más importante esté centrada en saber si los fiscales pedirán al Tribunal que oficie al Congreso para que inicie el proceso de desafuero de la vicepresidenta, de manera tal de disponer su inmediata detención. Hay una norma no escrita que indica que el imputado que llega libre al juicio oral se va libre tras el veredicto, aunque sea condenatorio. ¿Hubo excepciones? Sí, el expresidente Amado Boudou, en la Causa Ciccone. Y el difunto Claudio Bonadio reiteradamente pidió al Congreso que iniciara el proceso de desafuero de la entonces senadora Cristina Kirchner.
Si Luciani supone que un planteo de esa naturaleza sólo le generará simpatías en los sectores que odian a la vicepresidenta probablemente cometa un error de percepción. Un dirigente político de fuste que supo ser aliado de Cristina Kirchner, luego cruzó el Rubicón y ahora abraza con frenesí a la figura de Mauricio Macri como líder de Juntos por el Cambio, hizo llegar un mensaje advirtiendo que Luciani está jugando demasiado al filo y que su sobreactuación podría incluso ser contraproducente con el objetivo de manchar definitivamente al apellido Kirchner en los libros de historia.
Es necesaria una dosis gigante de equilibrio para controlar el ego. Un ignoto funcionario judicial que, de repente, se ve en la calle saludado por desconocidos que «lo vieron en la tele» y –con profundo odio de clase– lo incitan a redoblar la apuesta, puede caer en la trampa que le ofrecen sus 15 minutos de fama. «
