Mientras el empresariado fiel al proyecto de Cambiemos sigue impactado por el resultado de las PASO, las facciones que quedaron lejos del poder en diciembre de 2015 se reagrupan confiadas en recuperar protagonismo dentro de una gran alianza con la política y otros sectores de la sociedad civil como los sindicatos negociadores.
Si el Frente de Todos gana las elecciones, el Consejo Económico y Social (CES) que avanzó en la visita de Alberto Fernández a Tucumán (ver página 3) será la nueva fisonomía de un renovado Círculo Rojo, con la Unión Industrial como timonel y el resto del Grupo de los Seis (G6) pisando fuerte, en especial la banca nacional representada en la Asociación de Bancos (Adeba).
Los empresarios más activos en el armado cuentan que la inspiración es el CES español, un organismo de consulta conformado por 30 consejeros, diez por los gremios, diez por las empresas y diez políticos. Destacan el rango constitucional de ese ente y esperan que la versión argentina salga por ley en los primeros días del próximo gobierno.
Un dirigente que acompañó a Alberto Fernández en su reciente gira por España aclaró a Tiempo que «no va a ser un Pacto de la Moncloa ni un acuerdo de precios y salarios sino una institución, con rango de ley y entidad constitucional para diseñar políticas de largo plazo». Según la fuente, «la idea es que haya empresas y sindicatos, que esté la Iglesia Católica, las universidades y los bancos», en una construcción similar a la que derivó en el Ministerio de Producción del gobierno de Eduardo Duhalde en 2002.
Aquella cartera estaba a cargo del industrial José Ignacio de Mendiguren, un dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) que hoy es, además, diputado referenciado en Sergio Massa y está entre los empresarios visibles que acompañan el proyecto de Fernández.
«El CES argentino va a ser una alianza de la producción en la que va a participar el sistema financiero nacional», dijeron desde ese sector a este diario y compararon: «La alianza de Macri fue con la especulación financiera y los bancos internacionales».
Por ahora, los actuales interlocutores empresariales del presidente en funciones verán la construcción del CES desde lejos. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Foro de Convergencia Empresarial (FCE) y el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp) portan el estigma del apoyo incondicional a las políticas del macrismo, que causaron el cierre de unas 20 mil empresas en cuatro años, según la contabilidad de los sectores opositores.
La contracara es el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, que la semana que pasó se reunió dos veces con Fernández, en Buenos Aires y en Tucumán. Como su cuñado, el cordobés delasotista dueño de Aceitera General Deheza, Roberto Urquía, Acevedo es interlocutor directo del candidato opositor, pero dentro de la UIA tiene que hacer equilibrio para contener a otros sectores de la industria.
Cuando se divulgó el proyecto del CES, Daniel Funes de Rioja, representante de las industrias alimenticias y presidente del Cicyp, mostró los dientes y puso como condición para su ejecución la inclusión en la agenda de las reformas laboral, tributaria y previsional, en cuyo cabildeo gastó una gran energía en los últimos cuatro años.
A decir verdad, el Frente de Todos tiene las reformas en carpeta pero para diferenciarse de Cambiemos plantea límites como la precarización del empleo y la presunta desactualización de algunos convenios.
Inviable
En la vereda opuesta, el coordinador del Foro de Convergencia Empresarial (FCE), Miguel Blanco, disparó que el Consejo Económico y Social «no es factible porque la situación de las empresas no se puede tratar en forma generalizada».
El también dirigente del instituto IDEA planteó a Tiempo que la contrapropuesta es la reivindicación de las reformas económicas porque «no se puede discutir precios y salarios sin discutir el nivel de impuestos y el gasto público».
Alberto Fernández sigue sin confirmar reuniones al FCE, al Cicyp y a IDEA. «
