“El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, no ha hecho más que actuar en contra de los principios rectores de Cambiemos”. Así comienza el pedido de juicio político que Elisa Carrió, como cabeza de un grupo de diputados afines, ya redactó y anunció que presentará este martes “en aras de distender esta situación” ciertamente escandalosa que la tuvo como protagonista, según publicó en su cuenta de Twitter.
En el escrito de 34 páginas, al que tuvo acceso Tiempo, Carrió denuncia la supuesta connivencia de Garavano con “operadores judiciales” para manipular concursos en el Consejo de la Magistratura para ungir a jueces amigos, la decisión de exculpar a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en la causa por el encubrimiento del atentado contra la AMIA y la designación de la ex procuradora general bonaerense María del Carmen Falbo en su staff de colaboradores. “Este juicio político no es por dichos sino por hechos”.
Carrió focaliza en Garavano la intromisión del gobierno en el Poder Judicial para obtener fallos en sintonía con sus aspiraciones.
“Nuestra preocupación respecto a que Garavano intente entrometerse indebidamente en decisiones judiciales no está basada únicamente en sus recientes manifestaciones, sino en los antecedentes”. Donde dice “Garavano” podría haber anotado al menos una decena de nombres (entre funcionarios, asesores, legisladores y pretensos influyentes) y el sentido del párrafo no habría cambiado. De hecho, la diputada aún oficialista nombró en el borrador a varios de ellos: Manuel Izura, ex representante legal de la Policía Metropolitana y ex secretario de Seguridad de la municipalidad de Vicente López durante la gestión de Jorge Macri; el abogado José Console, integrante del Tribunal de Disciplina de Boca Juniors y contratado en Justicia para pedir la absolución de Mullen y Barbaccia; el auditor general Javier Fernández, hoy procesado en la causa de las fotocopias de los cuadernos; su hermano, el camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Sergio Gustavo Fernández; Juan Bautista Mahíques, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y miembro de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA (colocado allí por el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici) y –por supuesto- el propio Angelici, como cabeza de todos.
La denuncia desnuda con crudeza apenas una parte de cómo el gobierno influye en el Poder Judicial. Sobre la elección de jueces amigos en el fuero Contencioso Administrativo (adonde tramitan, por ejemplo, las causas contra los tarifazos en los servicios públicos), el escrito explica que “a instancias de los hermanos Fernández accedieron a sus cargos buena parte de los vocales de las Salas de la Cámara y casi todos los actuales Jueces de Primera Instancia. Esto permite el control de cuatro Juzgados y tres Salas”. Los Fernández –según Carrió- habrían amañado los concursos mediante, entre otras conductas, “la entrega anticipada de exámenes a determinados postulantes y el tráfico de influencias”.
“Era de esperar que con el gobierno de Cambiemos este estado de cosas se revirtiera y desaparecieran estas prácticas; pero de acuerdo a la información que nos ha llegado, esto no sería así y el Ministro Garavano sería uno de los responsables de ello”.
Las manipulaciones de concursos no son cosas del pasado; según Carrió, continúan ocurriendo: “en virtud de la relación entre Garavano, el Consejero Mahíques, los hermanos Fernández y Angelici se han llevado adelante ‘acuerdos’ indebidos nada menos que para la designación de seis jueces para cubrir la mitad de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal, que se encuentran vacantes”. Por allí, se reitera, pasarán los reclamos de los usuarios contra las leyes abusivas que el gobierno (con la ayuda de sectores opositores) consiga sacar en el Congreso.
Carrió recordó que “la Coalición Cívica-ARI desde sus orígenes, y como su nombre lo indica, ha tenido como una de sus máximas, la defensa de la República, y en esa inteligencia, ha protagonizado innumerables iniciativas en pos de defender la independencia judicial”. Y añadió: “al momento de conformar la alianza de gobierno, se explicitaron como parte fundamental del acuerdo político entre las fuerzas que integramos Cambiemos y para con nuestro electorado, los mismos principios rectores: impulsar el desarrollo económico, el fortalecimiento de la democracia y el sistema republicano, la independencia de la justicia, la calidad de la educación, la solidaridad social, y la felicidad personal de los habitantes de la República Argentina”.
Por el incumplimiento de esos postulados pudo haberle pedido el juicio político a todo el gabinete y, especialmente, al propio presidente Mauricio Macri. Pero por ahora, sólo va por Garavano.
