La denuncia penal que presentará el senador Fernando “Pino” Solanas junto a su asesor Alejandro Olmos contra el escribano Gustavo Arribas, actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se basa en la posible comisión del delito de «uso de documento falso” en su intento por desvincularse de una causa donde se lo investigaba por la presunta recepción de coimas. Solanas y Olmos lograron conseguir en Brasil la ficha biométrica del hombre que le habría realizado un pago por 70.500 dólares en efectivo y que Arribas mencionaba como presunto comprador de muebles. Allí se vislumbra una firma de Atila Reys Silva distinta a la del facsimil que él ofreció como prueba en la causa.  

Arribas había sido sobreseído por el juez Canicoba Corral en una causa derivada del escándalo judicial brasileño conocido como Lava Jato. Por eso los denunciantes sostienen que esta causa que iniciaron “si bien está relacionada con la anterior tiene otro objeto procesal, ya que aquí denunciamos específicamente la posible comisión del delito de uso de documento falso”.

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Es que, según figura en la denuncia a la que accedió Tiempo Argentino, el escribano Arribas, jefe de la AFI “buscó que el titular de la firma compradora declarara que la suma producto de la compraventa había sido efectuada en 2013 y girada en esa fecha por el comprador a través de Leonardo Meirelles, (cambista clandestino) dando así origen legítimo, a las transferencias denunciadas, por el periodista Hugo Alconada Mon”.

“Si bien resultaba  increíble que los muebles del citado departamento cubrieran la totalidad de las transferencias recibidas vía (el cambista Leonardo) Meirelles, Arribas buscó un comprador (creemos que falso) que pudiera acreditar esa compra. Si bien hay  que tener en cuenta que muebles por un valor de 70.000 dólares en un departamento, no es algo común, se tenía la seguridad, de que no era necesaria ninguna escritura pública, ni identificación fiscal alguna, ya que se trataba de un instrumento privado, que serviría para justificar el ingreso de la transferencia, que era lo que imperiosamente se necesitaba acreditar”, dice el texto.

La denuncia penal sostiene que “resulta más que evidente que el Juez Canicoba Corral no quiso investigar cómo se debía al escribano Arribas, ya que sólo se tuvieron en cuenta sus manifestaciones, la fotocopia de un recibo que acompaña a la causa, y el informe del Banco Central, sin pedir ninguna documentación a Brasil, y tampoco al banco suizo que supuestamente interviniera  queremos hacer algunas consideraciones, que muestran que  el Escribano Arribas no dijo la verdad, dando algunos elementos que muestran la utilización de un documento falso, para que la investigación se terminara”.

 “Creemos firmemente que el establecimiento de la autenticidad o no del documento es clave para demostrar la conducta del actual director de la Agencia Federal de Inteligencia. El Escribano Arribas, además de ser íntimo amigo del Presidente de la Nación, y por las actividades que desarrolla esa agencia, no puede estar en manos de alguien que haya mostrado un comportamiento irregular y posiblemente delictivo”, sostienen los denunciantes.

“Resulta inadmisible que alguien que ocupa un cargo de significativa importancia dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, mienta, utilice documentos no genuinos para encubrir una operación que no puede justificar, que la Oficina Anticorrupción haya consentido el archivo de la investigación, sin siquiera requerir elementos mínimos, como ser la exhibición del documento original, para una eventual verificación de su autenticidad. Pareciera que en este caso ha existido una concertación de complicidades, para proteger  al Escribano Arribas, y evitar que pueda ser imputado penalmente”.