La negación de los 30.000 desaparecidos de Darío Lopérfido; las falsas ocho mil verdades de Juan José Gómez Centurión; la ratificación de la secretaría de Derechos Humanos conducida por Claudio Avruj de una paupérrima cifra de víctimas del genocidio, junto a aquella promesa de «terminar con el curro de los derechos humanos» y los recurrentes editoriales pro genocidas en La Nación, habilitaron desde las esferas del poder político una avanzada negacionista con el genocidio argentino. «Los discursos actuales son negacionistas y como objetivo final tienen negar el terrorismo de Estado y, finalmente, lograr la impunidad», reflexionó ayer el juez Federal Daniel Rafecas, en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) donde inauguró el Mes de la Memoria en el panel «Genocidio y Negacionismo: disputas en la construcción de la Memoria», que compartió con el sociólogo Daniel Feierstein.
«Los discursos negacionistas son inherentes a los procesos genocidas», explicó el juez titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de Capital Federal, desde donde investigó la Megacausa del Primer Cuerpo del Ejército. Rafecas es uno de los jueces que el Ejecutivo Nacional quiere fuera de su cargo y a quien pidieron remover en una solicitada firmada por sectores del poder judicial, empresarios encabezados por la Sociedad Rural, periodistas de medios oficiales y políticos alineados al PRO.
«La implementación de los centros clandestinos de detención tiene que ver con la preparación de la impunidad posterior: eran escondidos, ocultos. La forma de exterminio masivo como los vuelos de la muerte son parte de esta idea de esconder. Y todo esto coronado por la conferencia de prensa de Videla en la que ante periodistas extranjeros esboza esta teoría negacionista», agregó el magistrado.
La charla impulsada por la prosecretaria de Derechos Humanos de la UNLP, Verónica Cruz, abrió las actividades por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la UNLP, que durante la dictadura cívico militar sufrió la desaparición y asesinato de 700 estudiantes, docentes y no docentes. El encuentro fue en el edifico de la presidencia de la universidad y se produjo en el marco de las marchas por el 41 aniversario del golpe de Estado, a la que los organismos de derechos humanos llevarán consignas que van contra esa avanzada discursiva negacionista.
Al presentar el panel, la vicepresidenta académica de la UNLP, Ana Barletta, recordó que en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad realizado luego de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, realizado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, se utilizó la definición de genocidio para enmarcar los delitos cometidos en la ciudad por la dictadura. «Si hay un ámbito, una ciudad en la que el terrorismo campeo, arrasó, fue esta ciudad y esta casa de estudios», dijo el juez, que comparó los puntos en común en los procesos negacionistas del genocidio armenio, de la Shoah y de la dictadura argentina.
«Una de las estrategias de los últimos meses como parte de este fenómeno (negacionista) es esta operatoria de ciertos operadores en medios de comunicación que están instalando la idea de que si se juzga a represores tendría que juzgarse a los miembros de organizaciones políticas. Esta postura es negacionista con el terrorismo de Estado», reflexionó el juez. Y explicó que esa postura sólo busca el indulto a los condenados por crímenes de la dictadura, porque durante el autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional «fue el estado el que realizó cada uno de esos asesinatos, torturas y secuestros y desaparecidos. Entonces cada uno de esos asesinatos fue una pena de muerte de una justicia policial, así como condenas de tormentos como en la época de la inquisición, de desaparición forzada e incluso de exilio», resumió.
En el mismo camino, el sociólogo Feierstein remarcó que la relativización de lo ocurrido en la dictadura es un proceso que busca discutir el sentido común en una serie de operaciones en las que los grupos aliados a los perpetradores de los crímenes de la dictadura generan organizaciones que imitan a los organismos de derechos humanos, impulsan la victimización de los genocidas con el objetivo de transformar la percepción social sobre esas personas y buscan equiparar la violencia que desató la dictadura con la que pidieron haber ejercido las organizaciones políticas armadas. «Con estas tres iniciativas se empieza a permear el sentido común», advirtió Feierstein. «El gobierno de Macri no ha declarardo una ley de impunidad sino que se pone en un lugar de escuchar los reclamos de la sociedad, y estos grupos lo que hacen es intentar construir este sentido social. El modo de relativización más clásico es discutir la cifra de víctimas», remarcó.
