La Cámara Federal porteña rechazó este jueves excarcelar a seis detenidos por las fuerzas de seguridad tras la represión desatada el pasado 14 de diciembre en la zona del Congreso Nacional cuando se realizó una movilización de protesta por el tratamiento de la reforma previsional.

A raíz de esa decisión de la sala de feria del Tribunal de Apelaciones, integrada por Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia, seguirán detenidos Juan Salomón Vallota, Sebastián Giancarellil, Diego Parodi, Pablo Giusto, Esteban Rossano y José María Carrizo, todos detenidos por orden del juez federal Claudio Bonadio.

La agencia de noticias Telam consignó que fuentes judiciales confirmaron que “la Cámara Federal porteña avaló la decisión de Bonadio de rechazar los pedido de excarcelación de las seis personas que permanecen detenidas por esos hechos, con el argumento de que en la causa todavía hay medidas de prueba en proceso”.

El juez Bonadio rechazó a excarcelar a estos seis imputados con distintos argumentos vinculados a sus antecedentes penales, falta de arraigo o riesgo de fuga, según los casos.

En tanto, en la otra causa abierta en relación a la jornada del 18 de diciembre, cuando finalmente fue sancionada la norma, permanecía detenido un militante del Partido Obrero, en tanto un imputado –miembro del PSTU- se encuentra prófugo y otro –también del PO- con orden de detención por parte del juez federal Sergio Torres.

Este mismo jueves, en la tradicional ronda de las Madres en Plaza de Mayo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizó una protesta por el mantenimiento de detenciones. Nora Cortiñas reclamó la libertad de los todos los detenidos al tiempo que la abogada María del Carmen Verdú, de Correpi, rechazo los argumentos de los jueces de la sala de feria que avalaron los de Bonadio para sostener las prisiones.

Poco después, el Partido Obrero realizó una conferencia de prensa, acompañado por representantes de organismos de derechos humanos y referentes políticos, en la que volvió a exigir la libertad de todos los detenidos y el cese de la “política de criminalización de las manifestaciones populares de lucha”.