Marcelo D’Alessandro afronta dos narrativas en pleno desarrollo que lo ubican en un lugar muy incómodo dentro del gobierno porteño y podrían originar su salida del gabinete encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. Ambas surgen de filtraciones de origen desconocido, que desatan intrigas de todo tipo, a partir de un hackeo al celular del ministro de Justicia y Seguridad capitalino que fue denunciado ante la Justicia. El origen de la información es ilegal porque surge de la intervención no autorizada de comunicaciones privadas, pero la confirmación de hechos posteriores confirman que  las revelaciones tienen un grado de verosimilitud que puede tener distinto impacto judicial, pero un efecto político de consecuencias todavía imprevisibles. 

Las ventilaciones del primer caso exhibieron que el funcionario buscó falsificar pruebas, junto a magistrados y directivos del Grupo Clarín, para justificar un viaje a Lago Escondido, en la mansión del magnate inglés Joe Lewis, pagado por el multimedio que conduce Héctor Magnetto. El segundo estalló este viernes y volvió a poner a D’Alessandro en pie de guerra, porque difundió presuntos chats con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, antes del fallo del máximo tribunal que le ordenó a la Nación la devolución de la coparticipación que le redujo hace dos años y durante la controversia que atraviesa al Congreso por el Consejo de la Magistratura. También se pudieron leer supuestos intercambios con el empresario Marcelo Violante, titular de Dakota S.A. y de BRD, las dos firmas que operaron durante dos décadas el estacionamiento medido en la ciudad y el acarreo de los automóviles que lo incumplen.

El rol de ambas firmas siempre fue materia de sospechas y su mención  en las filtraciones mete un dedo en una añeja llaga de sospechas sobre el presunto pago de coimas a políticos porteños durante las últimas dos décadas. En la Legislatura porteña el acarreo de automóviles es considerado un vergel de financiamiento irregular de la política, con un rango similar al que le dieron aquellos conocedores de los supuestos diálogos entre la administración capitalina y el Gobierno Nacional con el Hipódromo de Palermo por la explotación de los juegos de azar y el sistema de tragamonedas, dos joyas codiciadas de la joven autonomía porteña. Las filtraciones dispararon un nuevo relato que quedará pendiente de confirmación, pero los antecedentes de la vidriosa relación de la comuna con las empresas concesionarias del acarreo alimenta las preocupaciones que surgen en algunos funcionarios encargados de demoler la veracidad de todo el despliegue.

Cerca del alcalde porteño aseguran que los intercambios son falsos. Garantizan que fueron editados con el objeto de restarle legitimidad al fallo de la Corte que beneficia a la Ciudad. Lo mismo sostienen respecto a los presuntos pedidos de favores de Violante a D’Alessandro. En el gobierno porteño exhibieron el enlace de un sitio vinculado al origen de las filtraciones donde estaría la demostración de las ediciones del relato. La explicación echó a andar y algunos funcionarios creen que pueden ser el anticipo de la ventilación de nuevos capítulos que podrían sumarle veracidad y gravedad a los rastros que comenzaron a circular, especialmente en los puntos vinculados eventuales casos de corrupción.

Entre el escándalo de Lago Escondido y las primeras esquirlas de las filtraciones directamente dirigidas al ministro de Seguridad, crece la hipótesis de una embestida concentrada en su contra para sacarlo del cargo y forzar al alcalde a pedirle la renuncia y reemplazarlo.

En la sede capitalina ya remarcaron que Rodríguez Larreta «no entregará» a D’Alessandro, al menos por ahora. Otras fuentes de la misma administración consideran que el funcionario tiene los días contados y que su última garantía es el alcalde, ahora preocupado por el desgaste electoral del escándalo. En otra época dentro del macrismo porteño consideraban que el ministro contaba con el respaldo político de la jueza federal con competencia electoral en la Capital Federal, María Servini, que lo conocería desde niño, pero en el larretismo relativizan esa influencia en la actualidad y atan su suerte a la decisión del jefe de Gobierno.

La embestida de este viernes no parece en sus primeros movimientos tener el calibre de la anterior. La narrativa de Lago Escondido fue sumando velozmente confirmaciones por parte de los periodistas aludidos en los chats y también por la reacción de la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, que no mandó el caso a Comodoro Py y ordenó investigar a los viajeros por presuntos delitos de acción pública. Según los audios que se filtraron, el fiscal general porteño, Juan Mahíques, le dijo a los demás colegas de aventuras que había hablado con Etchepare y que ella se habría mostrado muy dispuesta a mandar  la causa a la sede porteña de los tribunales federales.

Esta semana el juez federal Pablo Gabriel Cayssials, también salpicado por las filtraciones, quedó apartado de un juicio entre el Grupo Clarín y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) que había cuestionado la manifiesta parcialidad del magistrado. El juez no dio explicaciones sobre el viaje y se excusó del caso por «decoro y delicadeza».

¿Surgirán nuevos componentes que confirmen la veracidad de las piezas sueltas que señalan a D’Alessandro? En la administración larretista aseguran que todo es un armado de mala calidad. La autodefensa pública del gobierno porteño podría entrar en crisis si aparecen nuevos elementos. Si los contactos son ciertos, los conocedores del alcalde consideran que es muy difícil que Larreta no estuviera al tanto de los movimientos de su ministro. Entre los temas abiertos hay uno que retumba dentro del PRO, por la filtración de presuntos chats entre D’Alessandro y Augusto Troncoso, fiscal en lo Criminal y Correccional N°55 de la Ciudad de Buenos Aires.

En la Cámara de Diputados algunos legisladores recuerdan ese nombre. Dicen que es el firmante de una denuncia contra el legislador Gerardo Milman, donde le advierte al cuerpo que podría haber violado la ley tras denunciar en abril a funcionarios y agentes de tránsito de hurto. Los señaló por haberle secuestrado el auto a una mujer luego de hacerle un análisis de alcoholemia. Milman dijo que era su esposa cuando no lo era y sostuvo que el automóvil era suyo. El coche está nombre de una empresa que fue proveedora del Ministerio de Seguridad cuando era conducido por Patricia Bullrich. Es una de las sospechas que no se han investigado dentro del cuerpo, aunque el caso está desde abril en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara Baja. Ahora es parte de un proyecto de expulsión contra Milman firmado por cinco diputadas del Frente de Todos. Fue presentado este jueves, en respuesta al planteo que el martes hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre Milman.

El presunto contacto entre D’Alessandro y Troncoso alimenta las peores sospechas dentro del macrismo, que sigue conmovido por la situación de Milman. Bullrich se vio obligada a ponerlo en un segundo plano ante las denuncias. Ambos son antagonistas de Rodriguez Larreta en la pelea presidencial para 2023 y también en la interna del PRO, donde Bullrich decidió apoyar al exintendente Jorge Macri para disputar la sucesión de Larreta el año que viene. En esa guerra abierta tambien podría cocinarse otra parte de una novela que, sólo por ahora, no tiene implicancias legales y sigue manteniendo a D’Alessandro en el cargo.