La salida de Ricardo Lorenzetti y la llegada de Carlos Rosenkrantz a la presidencia de la Corte es el último capítulo (por ahora) de la colonización del gobierno en el Poder Judicial. Todos los presidentes, incluso Raúl Alfonsín, propiciaron el sueño de un Poder Judicial que, cuanto menos, acompañara sus gestiones sin complicárselas. El menemismo lo hizo y ni qué hablar del kirchnerismo. Hasta Fernando de la Rúa, en su escueto mandato, metió mano en los tribunales. Pero nunca como con Cambiemos la línea divisoria entre propios y ajenos se exhibió con tanta obscenidad: desde la promoción de amigos a cargos claves hasta la protección de «jueces que se están portando bien», todo pasó (y pasa) en la Justicia.
El golpe palaciego que desplazó a Lorenzetti fue motorizado por los dos jueces que llegaron al máximo tribunal de la mano de Cambiemos y por una vía que jamás se había utilizado desde el regreso de la democracia: la designación «en comisión» y por decreto. Rosenkrantz y Horacio Rosatti llegaron a la Corte para discutir poder, y esa discusión quedó saldada el martes pasado.
¿Operaron desde el gobierno para voltear a Lorenzetti? Cuando la Acordada aún no estaba firmada, desde la Casa Rosada fluyó la información sobre el cambio en la presidencia.
A poco de asumir Mauricio Macri, dos jueces federales supieron que debían irse: Rodolfo Canicoba Corral y Norberto Oyarbide. Ambos niegan que uno de ellos hubiera recibido el mensaje de parte de Lorenzetti y, el otro, proveniente del presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici. Canicoba supo reinventarse y permanece; Oyarbide fue eyectado, pese a que sugirió –según reconoció el ministro de Justicia, Germán Garavano– meter presa a Cristina Fernández de Kirchner cuando aún no tenía fueros como senadora.
Aquella primera experiencia tuvo un correlato casi inmediato en el Consejo de la Magistratura. Cambiemos colocó allí a Pablo Tonelli como representante de Diputados, pese a que esa banca era reivindicada por el kirchnerismo. Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal avalaron esa situación y, así, el oficialismo consiguió una mayoría (insuficiente para grandes decisiones) en el cuerpo. Tras la última elección de consejeros jueces, esa mayoría se amplió y hoy el gobierno tiene virtualmente vía libre para hacer lo que quiera en el Consejo.
Cuando se discutió en ese cuerpo la situación del camarista federal Eduardo Freiler, el presidente Macri personalmente convenció a los consejeros (incluso con un llamado privado) para que aprovecharan una mayoría circunstancial y mandaran al juez a juicio político. Freiler fue destituido.
Poco después volaron de la Cámara los otros dos vocales de la Sala Primera, Jorge «Pati» Ballestero (se jubiló) y Eduardo Farah (pidió el pase a otro tribunal). También ellos recibieron «mensajes» después de firmar la excarcelación de los empresarios K Cristóbal López y Fabián De Sousa. Oyarbide, Ballestero y Farah habían intervenido en la causa en la que Macri estuvo procesado por las escuchas telefónicas durante su mandato como jefe de Gobierno porteño.
En la Cámara había una vacante de larga data y, por otra parte, durante esos enjuagues renunció el juez Horacio Cattani, tras más de un año de licencia médica por una enfermedad que lo incapacitó. De los camaristas históricos sólo quedó Martín Irurzun, autor de la «doctrina» que lleva su nombre y que permitió, por ejemplo, poner preso a Julio De Vido.
¿Cómo se ocuparon las vacantes? El juez de tribunal oral federal Leopoldo Bruglia pidió su descenso y ocupó una de las sillas vacías. La otra quedó en manos de Mariano Llorens, pariente de un exfuncionario del Ministerio de Planificación, quien contó con la aprobación de la «mesa chica judicial» de Cambiemos: el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura, Juan Mahíques; el jefe de Asesores de Macri, José Torello; el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, Angelici y el ideólogo de Macri en materia judicial, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. En rigor, nada pasa en el Poder Judicial si ellos no están de acuerdo.
El próximo en desembarcar en la Cámara será Pablo Bertuzzi, uno de los jueces que resolvió condenar y poner inmediatamente preso al ex vicepresidente Amado Boudou por la «Causa Ciccone». Él, como Bruglia, llegarán mediante un «pase», un mecanismo que la Corte –durante la gestión saliente como presidente de Lorenzetti–, cuestionó.
Jalonados en esa historia aparecen los nombres de la jueza Sabrina Namer (desplazada de un tribunal oral que tiene a su cargo causas vinculadas con funcionarios del anterior gobierno), el juez platense Luis Arias (quien emitió fallos contrarios a los deseos de la gobernadora María Eugenia Vidal como antes lo había hecho con su antecesor, Daniel Scioli) , los desplazamientos de los fiscales Hernán Schapiro (aportantes truchos), Juan Pedro Zoni (causa Correo Argentino) y Gabriel de Vedia (impulsó la indagatoria del titular del PAMI, Emilio Basavilbaso). También el descenso de la procuradora adjunta Laura Monti, quien volvió a un tribunal oral por decisión del sucesor de Alejandra Gils Carbó en la Procuración, Eduardo Casal. ¿Cómo llegó Casal a ese cargo interino? Fue designado después de que Gils Carbó recibiera otro mensaje: «O renuncia, o va presa».
Gils Carbó era, según el gobierno, una «militante». Kirchnerista, además. Si fuese así, ¿su situación sería diferente de la del procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand? Vinculado con el peronismo ortodoxo, Conte Grand se acercó a Cambiemos y ocupó cargos políticos: secretario de Legal y Técnica de Vidal y anteriormente procurador del Tesoro de Macri cuando era jefe de gobierno. Su efectiva militancia no mereció mensajes de salida.
Similar situación benefició al ex ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires –nombrado por la gobernadora Vidal–, Carlos Mahíques. Era juez de la Casación porteña, pidió licencia para ocupar un cargo político a la provincia, renunció y volvió a su tribunal, pero una vez allí pidió el «pase» a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal del país. El Consejo de la Magistratura y tribunales (pese a la advertencia de la Corte) avalaron ese traslado.
Mahíques interviene en causas que tienen contra las cuerdas a dos expresidentes: Carlos Menem y CFK. Además, es el padre del representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura y de Ignacio Mahíques, un fiscal de instrucción que fue de prestado a una fiscalía federal para intervenir junto con su colega Gerardo Pollicita en una acusación contra la expresidenta. «
