El anunciado veto presidencial a la ley 27.443, que retrotrajo las tarifas a servicios públicos el año pasado, finalmente fue publicado este viernes en el Boletín Oficial.

En el extenso decreto 499/18, Mauricio Macri argumentó que la norma a es “violatoria de la Constitución” ya que se “dicta en uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo” por lo que “observa” en su totalidad el proyecto de ley y lo devuelve al Congreso.

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En ese sentido, destacó la jurisprudencia de la Corte “declara que la facultad de establecer las tarifas y cuadros tarifarios resulta una competencia exclusiva del poder administrador”.

Durante varios pasajes del decreto, el presidente acusó nuevamente a la presada herencia para justificar los aumentos y cuestionó la política tarifaria del gobierno anterior al asegurar que fue eso lo que forzó a su administración a realizar la “recomposición paulatina del régimen tarifario”.

“Uno de los principales desafíos que se le presentó y que continúa siendo prioritario para la actual Administración fue el de llevar adelante un proceso de transición hacia la normalización en el sector energético argentino, partiendo de un paradigma regulatorio que se caracterizó por dar insuficientes incentivos a la inversión, con un marcado deterioro de la seguridad energética del país y la calidad del servicio técnico, y un esquema de subsidios generalizados que, con el tiempo, se convirtieron en un problema fiscal, macroeconómico, ambiental, federal y de distribución, con grave riesgo de colapso del sistema y de afectación del principio de efectividad”, señaló.

“Pese a los elevados índices de inflación observados durante ese período, la devaluación del valor de la moneda nacional y los crecientes costos reales de abastecimiento, el precio mayorista de la energía eléctrica y el precio del gas natural en el punto de ingreso en el sistema de transporte, así como las tarifas de los servicios públicos de jurisdicción nacional, se mantuvieron sin adecuaciones acordes a dicho contexto, lo que provocó un distanciamiento creciente entre los precios de la energía pagados por los usuarios y los costos reales de abastecimiento, con consecuencias nocivas sobre el sector y sobre la economía del país”, agregó.

Aseguró que “el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos durante más de un decenio” provocó “graves consecuencias”, y que desde 2015 el gobierno lleva adelante “un proceso de recomposición paulatina del régimen tarifario, que permita salir del sendero de dispendio (de subsidios y consumo), restablecer un régimen tarifario justo y equitativo”.

En ese sentido, añadió: “El camino adoptado tiene por objeto terminar con un sistema de subsidios injusto, desigual y obsoleto”.

El texto también citó una resolución de la expresidenta Cristina Fernández en la que vetó la ley del 82% móvil para las jubilaciones en 2010.