El juez federal Ariel Lijo dio los primeros pasos reales de la investigación sobre el origen del dinero que le fue sustraído a la vicepresidenta Gabriela Michetti. Les pidió a la AFIP y a la Oficina Anticorrupción que envíen las respectivas declaraciones juradas patrimoniales que Michetti está obligada a presentar anualmente, al igual que el resto de los funcionarios públicos. La medida apunta a establecer si el dinero que le fue robado estaba declarado y, en tal caso, en qué concepto y condición.

Pero al mismo tiempo, el juez envió un oficio a la Inspección General de Justicia (IGJ) para que informe sobre la Fundación Suma, que preside Michetti y para la cual estaban destinados 200 mil pesos, supuestamente provenientes de “donaciones”.

Lo que hizo Lijo es el “abc” de cualquier investigación. Michetti no está, de momento, seriamente comprometida; ni siquiera fuertemente sospechada de haber cometido un delito.

Las denuncias del abogado Leonardo Martínez, por un lado, y de dos diputados del Frente para la Victoria, por el otro, presuponen que el dinero podría ser de origen –o destino- irregular. De hecho, sostienen que las donaciones debían estar bancarizadas pero, sin embargo, fueron llevadas en efectivo la noche anterior al balotaje presidencial a la casa de Michetti por su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi. El dinero quedó “guardado” en una bolsa al costado de la cama de la entonces senadora.

Si efectivamente era dinero de donaciones, el juez deberá esclarecer quiénes las hicieron, por qué montos, cómo quedaron documentadas y especialmente por qué no siguieron el camino legal, que implica su bancarización.

Pero además de SUMA, el juez pidió informes sobre otras fundaciones vinculadas con el PRO y sus principales referentes: Fundar Seguridad y Justicia, Crecer y Crecer y Formar. Las tres fueron mencionadas por los diputados Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié en su denuncia, porque la canalización de donaciones a través de ellas parece tener la misma matriz que la que observa la de Michetti.

En cuanto a la declaración jurada patrimonial, el eje central son los 50 mil dólares que el ladrón se llevó de un armario de la casa de Michetti, y que la vicepresidente consignó –en declaraciones públicas- como un “préstamo” de Tonelli Banfi para una maestría que iba a realizar su hijo, quien todavía no había terminado los estudios.

En la declaración jurada de Michetti aparece una deuda con Tonelli en pesos que equivale a 50 mil dólares pero con la cotización de la divisa estadounidense a la fecha del robo, es decir cuando aún regían las restricciones al mercado cambiario y el dólar valía alrededor de nueve pesos. Tras la devaluación, esa cantidad en pesos no da 50 mil sino aproximadamente 30 mil. El detalle es que la deuda fue consignada en la declaración jurada presentada en junio pasado. Es decir cuando el peso ya se había devaluado un 40 por ciento. Michetti tenía dólares billete pero consignó la deuda cual si se tratara de pesos a una cotización sensiblemente inferior a la de mercado.

Hay un dato más. A Michetti le sustrajeron también 45 mil pesos. De ese total, cinco mil estaban en su mesa de luz y, según declaró la mucama, de allí pagaba gastos corrientes y se cobraba su propio sueldo. ¿Estaba registrada esa relación laboral con la empleada doméstica?

Los 40 mil pesos restantes estaban asignados a gastos de una refacción (cambio de pisos) que se estaba llevando a cabo en la casa del barrio de Balvanera. Trabajaban dos albañiles paraguayos, bajo ordenes de un maestro mayor de obras contratado por un arquitecto de confianza de Michetti. ¿Todos ellos cobraban en efectivo, de esos 40 mil pesos? En tal caso, ¿hay recibos de esa operatoria?

Todas esas preguntas, plasmadas en el expediente, son las que hoy comenzó a intentar responder el juez Lijo.