Nueve personas que permanecían detenidas en el penal del barrio Alto Comedero, de San Salvador de Jujuy, acusadas de cometer delitos en protestas contra la reforma constitucional aprobada el 20 de junio pasado, fueron liberadas esta noche por orden del juez de Control de Jujuy Rodolfo Fernández.

La medida alcanzó al grupo de detenidos por los que no había una resolución judicial desde que fueron apresados el jueves en la capital jujeña, en tanto que otros tres permanecían en el penal con prisión preventiva.

Los liberados son Santiago Zamora, Referente CCC; Iván Blacutt, docente universitario y precandidato a diputado nacional en el Frente de Izquierda Unidad, Gabino Cruz de la organización de comunidades indígenas Llankaj Maki, José Donaire, Walter Armando Puca, Mayuk Nasib Mamaní, Dan Lionel Liborio, Héctor Luis Gerónimo y Martín Antonio Abad.

Todos ellos fueron acusados por la fiscalía de cometer diversos delitos durante los graves incidentes registrados en la Legislatura local e inmediaciones en una manifestación contra la reforma constitucional el 20 de junio pasado, cuando se aprobó y se juró el texto normativo impulsado por el gobernador Gerardo Morales.

Contra ellos, la justicia local libró órdenes de allanamiento y de detención que se concretaron el jueves último.

Asimismo, un día antes, fueron apresados y trasladados desde Humahuaca al penal jujeño Agustín Zamboni, Renzo Laguna y Ronaldo Tapia, acusados de sedición, lesiones doblemente agravadas y otras causas, durante los incidentes registrados en el Concejo Deliberante de esa ciudad en ocasión de aprobarse una declaración de rechazo a la reforma Constitucional cuando también la policía provincial reprimió a manifestantes.

A estas 12 personas se suma la detención del abogado defensor de derechos humanos, Alberto Nallar, quien continuaba con prisión domiciliaria por 20 días luego de ser detenido el jueves en la capital jujeña.

«El juez Fernández ordenó la libertad de los nueve detenidos por los hechos de la Legislatura y rechazó no solo rechazo la prisión preventiva pretendida por la fiscalía, sino también la formalización de la acusación por todos los delitos que excedían las pruebas alegadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA)», indicó la abogada defensora Mariana Vargas.

Con respecto a los tres detenidos que permanecían en el penal, señaló que «van a exigir su libertad» ya que ejercían su «derecho a protestar en democracia».

«Estamos viendo cómo se plantea su situación en estos días porque los concejales de Humahuaca han hecho una nota y la han presentado al MPA indicando que no han sido víctimas de la movilización popular de aquel día, de ninguna situación por los que se los acusa de sedición y otros delitos; tampoco denunciaron», explicó.

«Acá hubo otra vez ante un atropello, todo el tiempo se van desnudando los atropellos del gobernador (Gerardo Morales) y de una justicia servil», añadió.

En el marco de la causa por los incidentes registrados en la Legislatura provincial, y tras la violenta represión policial «continúa la búsqueda de unas 25 personas» acusada de diversos delitos.

Hasta esta noche en las puertas del penal, numerosas personas aguardaban a sus familiares, amigos y compañeros detenidos, y en la tarde efectivos policiales labraron un acta de intimidación a los presentes por «permanecer en espacios públicos alternado el orden y obstaculizando la libre circulación vehicular y peatonal».