Este viernes, el presidente Alberto Fernández junto a todos sus ministros, secretarios y subsecretarios de Estado tomaron una capacitación en perspectiva de género en cumplimiento de la llamada Ley Micaela de prevención de la violencia machista en todos los estamentos del Estado.

La actividad estuvo a cargo de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, y de la socióloga Dora Barrancos, titular del Consejo Asesor del ministerio. La cartera tiene entre sus competencias lograr la implementación efectiva de la ley en los tres poderes del Estado y en todo el territorio nacional.

Al finalizar el encuentro, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner, el presidente de la Nación ofreció una reflexión: «Somos una sociedad pensada y construida a partir del hombre, donde la mujer sólo fue un acompañamiento, descuidando objetivamente que fue parte esencial de la sociedad argentina. Queremos una sociedad igualitaria, con plenitud para todos más allá de su condición de género y de su identidad sexual, queremos una sociedad donde todos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse”, explicó. Y agregó: “Hoy, lo único que vine a hacer es a cumplir con la Ley, a que todos entendamos todo lo que hay que cambiar. Por eso, cada vez que llevemos derechos a la gente celebremos, porque vamos a estar siendo mejores”.

Para Gómez Alcorta “esta capacitación a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que incluye al propio Presidente de la Argentina constituye un cambio de paradigma no sólo en la implementación de la Ley Micaela sino en la posibilidad de incluir perspectiva de género a todas las políticas públicas en nuestro país. No tengo dudas de que es un hecho histórico, es un salto cualitativo y eleva la vara en lo que implica la obligatoriedad de la capacitación con perspectiva de género y sobre violencias por razones de género. Sin esta perspectiva es muy difícil que aquellos que tienen en sus manos el diseño y la ejecución de las políticas públicas puedan trabajar para reducir las brechas de desigualdad por razones de género”, sostuvo.

La ley se debatió y sancionó luego del femicidio de Micaela García, una militante del Movimiento Evita, perpetrado en abril de 2017 en Entre Ríos, y establece la capacitación obligatoria en la temática de género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La ley sancionada dispone “la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes”. La formación en perspectiva de género y violencia contra las mujeres incluye como contenidos mínimos la legislación provincial, nacional y las convenciones en las que Argentina sea parte. Incluye, también, la comprensión del fenómeno de los estereotipos y discriminaciones de género por orientación sexual o identidad de género y la particular forma en que se expresan o impactan en cada área específica de actuación.

A un año de su sanción, la Ley Nacional 27.449 todavía no fue reglamentada y apenas adhirieron 17 provincias: Mendoza, Buenos Aires, Capital Federal, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero. Se encuentran en proceso de adhesión Entre Ríos, San Luis y Tierra del Fuego, mientras que no avanzaron todavía en la implementación Formosa, Corrientes ni San Juan.

A través de la formación en la temática de género y violencias contra las mujeres se busca promover la transformación de valores culturales que naturalizan las desigualdades entre los géneros y promover espacios de intercambio y construcción de sujetos sociales, de ciudadanas y ciudadanos comprometidas y comprometidos en la transformación de la realidad, en la producción de procesos de inclusión y cohesión social con igualdad de oportunidades y libres de violencia.

Para reducir las brechas de desigualdad y erradicar las violencias por razones de género es indispensable construir políticas públicas integrales y transversales y jerarquizar las herramientas con las que el Estado los aborda. Uno de los objetivos de la Ley Micaela es el desarrollo de un plan de formación continuo que siente las bases de una verdadera transformación cultural al interior del Estado, condición necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades y derechos de todas las personas.