En el massismo dicen que “se está estudiando” con el presidente Alberto Fernández la decisión de suspender la Ley de Alquileres y buscar otras alternativas, mientras que en la jefatura del bloque del Frente de Todos sostienen que “no tienen nada en concreto”.
Por estas horas, la única reacción que se conoció fue la del titular del bloque radical, Mario Negri, quien posteó de inmediato: “Tras la inflación de más del 102% anual está matando a los inquilinos. Esperemos que sea cierto que el Gobierno aceptará cambiar la Ley de Alquileres, que tiene dictamen hace un año y el oficialismo mantiene pisada. Los inquilinos precisan una respuesta urgente”.
Los que si volvieron a defender la Ley son los Inquilinos Agrupados : “Volvieron de Estados Unidos y el FMI les dió instrucciones. Si suspenden la Ley de Alquileres no habría marco regulatorio para alquilar. Podrían hacernos firmar contrato por un mes, con aumentos mensuales, cobrarnos 6 meses de depósito, etcétera”.
Lo cierto es que la discusión sobre la norma, vigente desde el 2020, quedó trunca en la Cámara de Diputados de la Nación luego de varios debates en los que se conocieron distintas posturas: Juntos por el Cambio pedía su derogación para que vuelva a regir la norma anterior; el ex presidente de la Cámara de Diputados y actual ministro de Economía, Sergio Massa, su suspensión.
El tigrense inlcuso pidió el año pasado públicamente “discutir» en el Congreso una nueva Ley de Alquileres que brinde «certezas» al propietario y «garantías y tranquilidad» al inquilino al advertir que «fracasó» la norma sancionada en 2020. En tanto, en el Frente de Todos había otros diputados como José Luis Gioja que solicitaban su modificación.
En la Cámara que preside Cecilia Moreau hay dos dictámenes firmados en julio pasado — uno de mayoría en representación del Frente de Todos y uno de minoría, que unificó las posturas de JxC, Frente de la Concordia, Interbloque Federal y el Interbloque de Provincias Unidas–, pero nadie se atrevió a llevar el texto al recinto y quedó diluida ante un contexto económico que se fue agravando.
El dictamen del FdT revindicaba la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.
En el capítulo de incentivos fiscales propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”. Y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.
Por su parte, el dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.
Asimismo agrega que para los ajustes las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.
Asimismo, exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios –más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.
El debate se volvió a empantanar debido a que en la oposición hubo diferencias respecto a los tiempos de ajustes de los alquileres. Desde el espacio Juntos Somos Río Negro comenzaron a rechazar que los ajustes se hicieran cada tres meses, reclamando que fueran cada seis.
La actual ley de alquileres 27.551 se aprobó por unanimidad en junio 2020 y está vigente desde el julio de ese año. Establece que el valor de actualización anual de los contratos debe calcularse en base al Índice para Contratos de Locación (ICL), que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Este indicador, que surge del promedio entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), sumado a la duración de los contratos por tres años, son las principales críticas del mercado inmobiliario.
