Tras un duro y complejo juicio oral, el Tribunal Oral Federal 2 de CABA condenó a prisión perpetua a 3 de los integrantes de la patota del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes por secuestros y un homicidio durante la última dictadura.
Resultaron condenados a la máxima pena los ex carapintadas Emilio Pedro Morello y Martín Eduardo Sánchez Zinny y Horacio Linari, responsabilizados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 5 personas. Los otros dos imputados, Rubén Andrade y Luis Alberto Brun, fueron absueltos y liberados por el Tribunal.
Los tres condenados seguirán con prisión domiciliaria a pesar de los pedidos para que fuera derogado ese beneficio por parte de la fiscalía y de las querellas de la Barbara y Camilo García, representados por Pablo Llonto, el CELS y la Secretaría de Derechos Humanos.
La lectura del veredicto por parte del juez Javier Feliciano Ríos fue el final de una jornada larga, que arrancó temprano con la decisión del Tribunal, también integrado por Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, de no permitir el ingreso de público a la sala.
La situación se pudo resolver cerca del mediodía, cuando las querellas hicieron presentaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal y el máximo tribunal penal aclaró que la sala no tenía ningún límite de capacidad y se podía utilizar de manera completa. De manera similar, impidieron el ingreso de La Retaguardia, el medio comunitario que retrasmitió la audiencia pero no pudo acceder a tomar imágenes propias.
En la audiencia estuvieron presentes fiscales y querellas junto a familiares de las víctimas. Ninguno de los imputados fue a los tribunales, Sánche Zinny y Morello hicieron uso de sus últimas palabras desde sus casas. El acompañamiento a las familias estuvo también afuera de los tribunales de Comodoro Py, donde hubo una gran convocatoria de organizaciones sociales y de derechos humanos.
El juicio abarcó los crímenes contra cinco personas que militaban en el PRT – ERP y estaban vinculadas las revistas El Combatiente y Estrella Roja. Los hechos ocurrieron durante dos operativos: el 10 de julio de 1976 en la imprenta del PRT ERP que funcionaba en una casa de la localidad de San Andrés (partido de San Martín), en el que fueron secuestrados al dirigente Pablo Pavich y una persona sin identificar y fue asesinado Jorge Emilio Arancibia; y el secuestro el 14 de junio de 1976 en Haedo de Pedro Oscar Martucci y Rocío Ángela Martínez Borbolla, quienes aún permanecen desaparecidos. Los hijos de Rocío, los periodistas Bárbara García y su hermano Camilo estaban presentes con apenas 8 y 4 años y son querellantes en el juicio.
Sánchez Zinny fue identificado en ambos operativos. Bárbara lo señaló en un libro de fotos como el militar que los amenazó y golpeó esa madrugada de 1976 mientras se llevaban a su mamá y por eso el ex carapintada le inició una demanda que aún permanece abierta en la Corte Suprema.
El ex conscripto Hugo Travi lo reconoció como quien le disparó a Arancibia cuando había caído herido en el suelo tras intentar escapar. También recordó a Morello, quien estaba de civil y disfrazado, como parte de la patota y a Linari como parte del operativo.
“Del Río empieza a gritar “Se escapa, se escapa, abran fuego”. El hombre sale corriendo hacia la fábrica, cuando pasa el portón ahí le disparan (los soldados que estaban afuera) y cae en el piso. Sale Sánchez Zinny que andaba con una itaka recortada. Mientras caminaban empezó a los gritos, que estos son los hijos de puta, que matan a tu madre, a tu hermana. Empezó a dar una arenga. Cuando llegaron a donde estaba caído, y ahí es la parte que no me olvido nunca más en mi vida, que todavía me atormenta, Sánchez Zinny le vuela la cabeza de un itakazo. Le quedó la cabeza destrozada”, dijo Travi y comentó que luego el imputado gritó “Viva la patria”.
En la causa había otros 32 hechos que quedaron afuera del debate cuando fue apartado por incapacidad de Alberto Ramón Schollaert, jefe del Regimiento al momento de los hechos. Este iba a ser el primer juicio para Schollaert y la primera vez también que estas víctimas y testigos iban a declarar en un debate oral, pero los jueces rechazaron el pedido para que siguieran en el debate en base al derecho a la verdad.
Esta sólo fue una más de las negativas del Tribunal a las querellas y fiscalía durante el juicio, que fue muy desgastante para familiares y víctimas. Tampoco permitieron la trasmisión de las audiencias testimoniales por parte del medio comunitario La Retaguardia y debieron soportar los constantes ataques permanentes de las defensas de los ex carapintadas Sánchez Zinny y Emilio Morello.
