“Nunca imagine que podría llegar a tener esta repercusión. Fue una broma, no es nada real”, comentó este miércoles Kevin Guerra, imputado por intimidación pública por hacer un chiste en su cuenta de Twitter.
“Che qué onda los que no cobramos el bono de 10 mil pesos, sigue en pie lo del saqueo no?». Ese fue el mensaje que difundió Kevin y que fue tomado por el área de Ciberpatrullaje de Gendarmería Nacional. A raíz de eso le iniciaron una causa penal por intimidación pública.
«Hice el trámite por el IFE, me lo confirmaban el 11 y el tuit es del 9. Fue solo un chiste que salió mal», explicó este miércoles el joven de la localidad bonaerense de Balcarse, que contó que trabaja de comisionista en un transporte mientras termina el último año del secundario.
Kevin se enteró que había sido imputado cuando fue notificado por las fuerzas de seguridad. “Estaba durmiendo la siesta en lo de mi novia, donde cumplo la cuarentena, y me llamó mi mamá muy asustada que estaba la DDI en la puerta de su casa. Me informaron que tenía una causa penal. Todavía no me dijeron mas nada. Me tiene que llamar la fiscalía”, relató.
“Ahora sí me voy a fijar las cosas que publico porque a raíz de eso se hizo flor de quilombo y no la estoy pasando nada lindo”, comentó.
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Apenas días atrás, la ministra de Seguridad Sabina Frederich había mencionada las tareas de ciberpatrullaje para «medir el humor social» y detectar delitos. La frase, que la propia ministra consideró desafortunada, generó la reacción de organismos coom el CELS y la Fudción Vía Libre, que advirtieron sobre los riesgos de esas prácticas.
“La realización de tareas de vigilancia y/o inteligencia en fuentes abiertas y en redes sociales puede afectar los derechos de quienes interactúan en el ámbito digital. Que estas tareas de vigilancia se realicen sobre contenidos que les usuaries colocan en el espacio público, “abierto”, no convierte de manera automática el trabajo de inteligencia o vigilancia en legal”, señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales, que realizó un pedido de información al Ministerio de Seguridad para conocer el marco legal en el que realizar esa tarea.
Desde la Fundación Vía Libre, por otro lado, consideraron que la inteligencia de fuente abierta está “reñida con el estado de derecho”, y que vulnera la privacidad de las personas y ejerce una forma de condicionamiento del discurso público y esto entonces tiene un impacto sobre el derecho de libertad de expresión.
