El fiscal Diego Luciani sostuvo este lunes que hay una «enorme prueba relevante» para formular acusación en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, período en el cual afirmó que funcionó una supuesta «asociación ilícita» encabezada por quienes «se desempeñaron como jefes de Estado».

Las acusaciones de la fiscaía, por ahora, omitieron la enorme candtidad de testimonios de empresarios, peritos, y hasta autoriades de Vialidad Nacional que trabajaron durante el gobierno de Cambiemos, que señalaron que no había pruebas contundentes ni en los sobreprecios ni la adjudicación de las obras. Esa será la base de las defensas.

El juicio que se sigue a la vicepresidenta, y a otros doce acusados por el presunto direccionamiento de obra pública nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, se reanudó pasadas las 8.30 con el inicio del alegato fiscal.

«Este Ministerio Público tiene por acreditado que, entre los años 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita piramidal de características singulares», dijo el fiscal, y que tuvo «en la cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado e integrada por distintos funcionarios públicos».

Los miembros del TOF 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, recibieron ya un reclamo de absolución por falta de pruebas de parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyos representantes en el juicio sostuvieron que no hay elementos como para avanzar en la acusación y apuntaron sobre inconsistencias en las pericias.

Para Luciani, por el contrario, «Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Fernández instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se han instalado en el país», con «ausencia absoluta» de controles, según planteó.

«Hubo una estructura estable que permitió la apropiación de fondos», dijo en relación a que según su interpretación las empresas de Báez fueron una «cáscara vacía»

Luciani exhibió planillas de pericias al teléfono celular del exsecretario de obra pública José López, secuestrado en junio de 2016 cuando se lo detuvo intentando esconder bolsos con dólares en un convento de General Rodríguez.

El juicio se reinició luego de la feria judicial de invierno con todos los acusados, incluida la vicepresidenta, abogados, querella y fiscalía, conectados a través de la plataforma Zoom y los jueces presentes en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.

Tras el receso judicial de invierno, se prevé que la fiscalía exponga en principio a lo largo de nueve audiencias y luego será el turno de los abogados defensores