A pesar de la insistencia y las presiones de la Cámara Federal sobre el juez Sebastián Casanello, el juicio denominado “la ruta del dinero K” comenzará el próximo 30 de octubre, inaugurando una serie de debates orales que enmarcan el inicio del año electoral 2019.
El Tribunal Oral Federal N°4, formado por los jueces Néstor Guillermo Costabel, Pablo Bertuzzi (ambos integraron el jurado que condenó y metió preso a Amado Boudou por la Causa Ciccone), más Gabriela López Iñíguez, fijaron fecha para juzgar al empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos, el financista mediático Leonardo Fariña y el menos público pero pieza clave en toda esta historia, Federico Elaskar.
La semana anterior, la Cámara Federal le ordenó a Casanello que llamara a indagatoria en esta misma causa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El juez no tuvo más remedio que acatar la orden del superior y, dejando en claro que estaba obedeciendo una directiva jerárquica, la convocó para el próximo 18 de setiembre. En caso de que la actual senadora, en algún recodo del largo camino judicial, sea procesada también en esta causa, deberá afrontar un juicio por separado, que anticipadamente se llamará “La Ruta del dinero k II”.
El principal imputado es Báez, preso desde hace dos años y medio como cabeza visible de una supuesta organización que también integraban, entre otros, sus cuatro hijos, Martín, Leandro, Luciana y Melina, el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín. En total, son 25 acusados y el juicio podría extenderse por un año.
Báez, titular de la empresa Austral Construcciones –principal adjudicataria de obra pública en Santa Cruz durante el anterior gobierno- argumenta que sólo es un empresario que obtuvo contratos con el Estado pero ni de lejos es el principal adjudicatario de esas licitaciones. Su firma aparece entre las primeras 40, más cerca del 30 que del 1.
Casanello investigó el manejo del dinero junto con el fiscal federal Guillermo Marijuan, el primero de los funcionarios judiciales en intentar el hallazgo de dinero ilegal supuestamente soterrado en las amplias extensiones de las propiedades de Báez en el sur. La imagen de las excavadoras buscando dinero bajo la superficie se repiten en estas horas, pero por orden del juez Claudio Bonadio.