La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, pronosticó que la expresidenta Cristina Fernández «va a terminar sin un peso» a partir de la aplicación del DNU sobre extinción de dominio firmado la semana pasada por el presidente Mauricio Macri.
«No sé si Cristina Kirchner va a ir presa, pero sé que va a terminar sin un solo peso. Con esta nueva medida vamos a sortear la mala praxis de varios jueces federales para investigar el enriquecimiento ilícito», sentenció Alonso en declaraciones a la señal de noticias TN del multimedios Clarín.
La funcionaria fue incluso más allá y sostuvo que será ella misma la encargada de arremeter contra la exmandataria. «Mientras no salga la ley, hay que usar el DNU que está vigente. En 2017, una reforma del presidente Macri amplió los objetivos de la Oficina Anticorrupción y nos dio la atribución de iniciar acciones civiles para recuperar activos de la corrupción. Así que nosotros vamos a hacer nuestra parte y ojalá los fiscales y jueces civiles nos acompañen», adelantó.
El decreto de Macri establece que no es necesario que haya una sentencia firme para incautar bienes o dinero de un acusado, o sea, se invierte la carga de la culpa y un acusado de corrupción puede quedar despojado hasta que demuestre su inocencia. Diferentes especialistas advirtieron sobre la inconstitucionalidad de la norma.
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«El DNU viene a extinguir la propiedad sobre el dinero o los bienes. Se dispara una acción civil, que no tiene nada que ver con la acción penal, y va en contra de los activos de origen ilícitos. Si alguien no puede explicar con qué dinero compró un bien, se le va a extinguir el dominio sobre la propiedad que el acusado dice tener», justificó la funcionaria macrista.
Y agregó: «Sólo en las diez causas más relevantes de corrupción entre 2017 y 2018, tenemos bienes embargados por más de 270 mil millones de pesos. Y además hay otros 70 millones de dólares en la famosa causa de los cuadernos por las propiedades en Estados Unidos del secretario privado de Néstor Kirchner. Hay 100 millones de dólares de la hija de Cristina Kirchner que se encontraron en dos cajas del Banco Galicia».
Alonso insistió con personalizar las derivaciones de la norma y apuntó una vez contra la exmandataria. «En un mes tenemos el inicio del juicio contra Cristina Kirchner por la asociación ilícita de la obra pública, de 2003 a 2015. Y esto me parece importante decirlo porque los Kirchner adquirieron sus famosos hoteles en el año 2008 y como esta causa cubre ese año, son bienes a los que se les puede aplicar la extinción de dominio».
La funcionaria también volvió a justificar la urgencia del decreto al argumentar que el Congreso demoró la sanción de la ley de extinción de dominio. Sin embargo, fue el propio Cambiemos quien cerró el temario en el Congreso y apuntó sólo a lograr la aprobación del cuestionado Presupuesto 2019. «El 2 de agosto de 2016 el Congreso empezó a discutir la ley del arrepentido y en paralelo la ley de extinción. La primera se aceleró por la aparición de los bolsos de López, pero esta última no la quisieron aprobar porque había intereses políticos. Hasta que salió el DNU, un sector de la política no quería aprobar la ley».
Ya en septiembre de 2018 Cambiemos tomó la decisión política es mantener “cerrado” el Congreso hasta que se debate el Presupuesto 2019. El jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, acordaron que lo mejor era mantener las discusiones y la atención lejos del recinto. En ese marco, el oficialismo decidió sepultar la ley de extinción de dominio. Lejos quedaron los reclamos mediáticos por la demora en el Senado por parte de los diputados de Cambiemos encabezados por el cordobés Mario Negri.
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